México tiene los días contados para reducir el número de migrantes que solicitan protección en su frontera con Estados Unidos. Si la administración mexicana no muestra resultados para el lunes 22 de julio -dice la Casa Blanca- se harán nuevas demandas en materia migratoria e impondrán tarifas a las exportaciones mexicanas a ese país.
Es cierto lo que han venido diciendo tanto el presidente López Obrador como Marcelo Ebrard: El tema de tráfico y trata de personas, así como los muchos abusos de quienes se benefician, estaban intocados. Pero esto no basta para justificar el endurecimiento de nuestra política migratoria. México está obligado por el derecho internacional a garantizar la protección de los refugiados, o a quienes, sin ese estatus, tienen la expectativa fundada de obtenerlo en EE.UU., sin importar si su condición migratoria es irregular.
La ruta de migrantes de la frontera sur a la norte siempre ha estado activa. Hay quienes dicen que los países centroamericanos son responsables de su protección y la evaden, pero cabe recordar que hay responsabilidades regionales.
En la actualidad, los países del Triángulo Norte centroamericano viven guerra civil, narcotráfico y crimen organizado, con un incremento sin precedentes en los índices de homicidio, violencia sexual, desapariciones, reclutamiento forzado en las maras, particularmente afectando niños, niñas, mujeres, así como población LGBTTTI, de acuerdo con la United States Agency for International Development (ACNUR).
Durante muchos años los intereses estadounidenses han contribuido a la inestabilidad de la zona -desde los sesentas a los noventas, durante las tres guerras civiles-, lo que sumado a las incapacidades institucionales locales, ha generado un contexto muy adverso para la región.
La fuente principal de las armas que llegan a Guatemala, Honduras y El Salvador, y también a México, proceden de EE.UU.
Se estima que 200 mil armas de origen norteamericano son cruzadas ilegalmente por México, de las que un alto porcentaje (70 por ciento) son usadas para cometer delitos, de acuerdo con datos de la Government Accountability Office (GAO).
Adicionalmente, el Presidente Trump cortó 500 millones de dólares de ayuda al año en programas de la United States Agency for International Development (USAID) enfocados a atender las causas de la migración en Centroamérica.
Es tiempo de hablar de la trampa: Una inminente crisis de refugiados en México, migración de niñas y niños no acompañados huyendo prácticamente de una sentencia de muerte, sin que EE.UU. se comprometa a contener el flujo de armas hacia América Latina y sin invertir en desarrollo sostenible.
