/ miércoles 12 de mayo de 2021

Prevenir es un derecho

Hace una semana, la Ciudad de México fue epicentro de un desastre. El desplome de las vías del elevadas de la línea 12 del metro se llevó la vida de, al menos, 26 personas y dejó decenas de lesionados. Como observadores nos hundimos en el dolor de las familias de quienes no volverán a casa, de las madres que perdieron a sus hijas e hijos, de las personas heridas y sus seres queridos. La incertidumbre, el temor e incluso la indignación están en el ambiente.

La magnitud del evento, y del reclamo, se relaciona, además de las vidas perdidas, personas hospitalizadas y los daños materiales, con la responsabilidad del sector público y privado. No hay culpables únicos. Es un tema de política pública, de inversión del erario, de administración, gobierno y de empresas y aseguradoras. El hecho es devastador, la toma de decisiones se cuestiona en la esfera pública con el siniestro, y los testimonios de testigos y afectados permiten retratar rasgos de esta tragedia. Desde la desinformación, la ausencia de medicamentos y las malas prácticas, el ahorro mal aplicado es un agravante.

La protección civil como la define la Ley implica toda acción solidaria y participativa, desde lo público y lo privado, prevé la coordinación de mecanismos y recursos para salvaguardar la vida e integridad de la población frente a efectos adversos de fenómenos de origen natural o antrópico. ¿Dónde quedan los derechos humanos de la sociedad si no se atiende la prevención? Se ha trabajado en atlas de riesgos que deben publicarse y difundirse. La certidumbre debe darse por derecho y no solo ser factor de consideraciones o supuestos económicos.

La cultura de prevención y la participación activa de la ciudadanía son indispensables. De la misma manera, la solidaridad mexicana, que en momentos de crisis ha relucido ante la mirada internacional debe ser un ingrediente cotidiano. No necesitamos el caos para actuar con conciencia. Pero sí necesitamos exigir la garantía de los derechos humanos propios y de las y los más vulnerables. El terremoto de 1985 fue un parteaguas en el surgimiento de la sociedad civil organizada. A partir de entonces la Ciudad de México cambió profundamente.

Vivimos en un mundo lleno de azares, los desastres naturales son cada vez más frecuentes y agudos. Errores humanos, malas decisiones y corrupción pública y privada que se asoman entre estos fenómenos socio-organizacionales que pudieron prevenirse si se aplicara la ley. Planeación, prospectiva y servicios sin riesgos para la población son inminentes. Tiene que transformarse -sí o sí- la normatividad y debe quedar claro que ningún riesgo que se pueda prevenir o atender, mientras esta de por medio la vida, debe tomarse. Hay un antes y un después de esta tragedia, no puede ser de otro modo.

Hace una semana, la Ciudad de México fue epicentro de un desastre. El desplome de las vías del elevadas de la línea 12 del metro se llevó la vida de, al menos, 26 personas y dejó decenas de lesionados. Como observadores nos hundimos en el dolor de las familias de quienes no volverán a casa, de las madres que perdieron a sus hijas e hijos, de las personas heridas y sus seres queridos. La incertidumbre, el temor e incluso la indignación están en el ambiente.

La magnitud del evento, y del reclamo, se relaciona, además de las vidas perdidas, personas hospitalizadas y los daños materiales, con la responsabilidad del sector público y privado. No hay culpables únicos. Es un tema de política pública, de inversión del erario, de administración, gobierno y de empresas y aseguradoras. El hecho es devastador, la toma de decisiones se cuestiona en la esfera pública con el siniestro, y los testimonios de testigos y afectados permiten retratar rasgos de esta tragedia. Desde la desinformación, la ausencia de medicamentos y las malas prácticas, el ahorro mal aplicado es un agravante.

La protección civil como la define la Ley implica toda acción solidaria y participativa, desde lo público y lo privado, prevé la coordinación de mecanismos y recursos para salvaguardar la vida e integridad de la población frente a efectos adversos de fenómenos de origen natural o antrópico. ¿Dónde quedan los derechos humanos de la sociedad si no se atiende la prevención? Se ha trabajado en atlas de riesgos que deben publicarse y difundirse. La certidumbre debe darse por derecho y no solo ser factor de consideraciones o supuestos económicos.

La cultura de prevención y la participación activa de la ciudadanía son indispensables. De la misma manera, la solidaridad mexicana, que en momentos de crisis ha relucido ante la mirada internacional debe ser un ingrediente cotidiano. No necesitamos el caos para actuar con conciencia. Pero sí necesitamos exigir la garantía de los derechos humanos propios y de las y los más vulnerables. El terremoto de 1985 fue un parteaguas en el surgimiento de la sociedad civil organizada. A partir de entonces la Ciudad de México cambió profundamente.

Vivimos en un mundo lleno de azares, los desastres naturales son cada vez más frecuentes y agudos. Errores humanos, malas decisiones y corrupción pública y privada que se asoman entre estos fenómenos socio-organizacionales que pudieron prevenirse si se aplicara la ley. Planeación, prospectiva y servicios sin riesgos para la población son inminentes. Tiene que transformarse -sí o sí- la normatividad y debe quedar claro que ningún riesgo que se pueda prevenir o atender, mientras esta de por medio la vida, debe tomarse. Hay un antes y un después de esta tragedia, no puede ser de otro modo.

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