La semana pasada las organizaciones de la sociedad civil México Unido Contra la Delincuencia, México Evalúa, World Justice Project y Corazón Capital, convocaron al foro “Justicia Incluyente para la CDMX”, junto con las tres candidaturas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El World Justice Project es una organización con presencia internacional que publica el Índice de Estado de Derecho de países, y para México de cada entidad federativa. Desde 2018, el Índice de Estado de Derecho que contempla variables como corrupción, orden, seguridad, participación cívica, aplicación de la ley, entre otras, está estancado. Aunque se hayan mejorado algunas variables, como reducción de homicidios, de la percepción de la violencia o Gobierno Abierto, la Ciudad de México ha ido bajando constantemente en la lista de las entidades federativas del país. Para el 2018, la Ciudad de México ocupaba la posición 25, para el 2023-2024 se encuentra en el lugar 29.
Las organizaciones señalaron algunas de las problemáticas urgentes de atender con base en datos concretos que plantean un diagnóstico complejo, pero también una oportunidad de corregir frente a una situación sistémica acumulada. En la Ciudad de México el 56.4% de las personas en situación de privación de la libertad no han recibido sentencia. Más del 90% de los delitos que ocurren en la Ciudad no se denuncian. Solamente en 7 de cada 100 delitos se inicia una carpeta de investigación. Los ministerios públicos son de las instituciones con mayor nivel de desconfianza entre la ciudadanía.
Entre lo planteado por Salomón Chertorivski: optimizar las tareas y fusionar las policías para crear la Fuerza Capital; dejar de perseguir delitos por posesión simple de cannabis y enfocarse en delitos graves de alto impacto; fijar plazos a los juicios y fortalecer un servicio profesional de carrera.
Entre lo planteado por Clara Brugada: atender las causas de la inseguridad y de las violencias; evaluación ciudadana del trabajo de policías; prevención de la violencia en Utopías; fortalecer la justicia cívica y alternativa para la resolución de conflictos; construcción de paz con derechos, libertades y trabajo con la sociedad civil.
Entre lo planteado por Santiago Taboada: programa Blindar la CDMX; mejorar prestaciones laborales de policías; reingeniería y autonomía de la fiscalía; trabajo en micro cuadrantes; plataforma de datos compartida entre instituciones; denuncia digital.
Es urgente reconocer las fallas de un modelo basado casi exclusivamente en el punitivismo para transitar de un sistema que inhibe la denuncia y revictimiza. Una justicia más humana enfocada primero en las víctimas y sus familiares. Recuperar el espíritu de la Constitución en cuestión de autonomía. La Ciudad merece una justicia abierta que se evalúe, que trabaje con la sociedad civil, con defensorías más eficientes y accesibles; una justicia que luche contra la corrupción sistémica; una justicia incluyente con enfoque de género y atención especializada a todos los grupos prioritarios; una justicia de iguales que deje de ser selectiva o política, a velocidad diferenciada y vinculada al estatus socioeconómico.
