El Estado de Derecho es un modelo de organización de un país en el cual todos los integrantes de una sociedad, incluido el propio Estado, se encuentran sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente. En este sentido, es una condición política que no hace referencia a ninguna ley específica sino a todo un sistema legal.
Ante la ocurrencia de conflictos entre personas o con el gobierno, todas las partes están obligadas a aceptar las determinaciones legales que señalan las leyes y que las Cortes y los Tribunales interpretan como parte de sus derechos y deberes. Además, la ley debe ser igual para todas y todos, de modo que nadie esté por encima de ella y existan garantías para el acceso a su protección. El Estado de Derecho es una construcción muy importante para el adecuado funcionamiento de una democracia y para la salvaguarda de los derechos humanos
Para su análisis, el Estado de Derecho se desagrega en componentes: contrapesos al poder del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, observancia de derechos fundamentales, orden y seguridad, integridad gubernamental, justicia civil y justicia penal.
La semana pasada el Proyecto de Justicia Mundial (WJP por sus siglas en inglés) publicó la versión 2023 de su clasificación mundial del Estado de Derecho. Mientras que Dinamarca está entre los primeros tres lugares en todos los componentes, México se clasifica entre los últimos lugares mundiales en ausencia de corrupción, orden y seguridad, justicia civil y justicia penal y está a la mitad de la tabla en los demás, con excepción de gobierno abierto, donde clasifica en el lugar 45
Este análisis debe darse a conocer para que se prendan los focos rojos en los temas más graves señalados que son la corrupción en el gobierno, las deficiencias en la procuración de justicia, la falta de controles legislativos sobre el poder el gobierno, el repunte de la resolución de conflictos mediante el uso de la fuerza y el descontrol sobre la criminalidad.
El debilitamiento del Estado de Derecho profundiza desigualdades estructurales, incrementa la pobreza, desalienta la inversión, fortalece grupos delincuenciales, concentra la riqueza en pequeños grupos, victimiza y revictimiza, sobre todo a grupos vulnerables como son jóvenes, mujeres y adultos mayores.
Pero no todo son malas noticias, uno de los pocos indicadores en los que México sale bien calificado es en la aplicación de la ley para la transmisión del poder. Eso se lo debemos a estructuras ciudadanas robustas como el Instituto Nacional Electoral y a la autonomía del Tribunal Electoral. Por eso hay que defenderlas por todos los medios.
México es un país con una población fuerte y trabajadora, con abundantes recursos naturales y con una condición geográfica favorable para la inversión extranjera. Lo único que nos falta es un gobierno para el cual la Ley sí sea la Ley y cumpla con su mandato constitucional de respetarla.
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