Se ha reiterado que uno de los objetivos fundamentales de la etapa que hoy vive México es separar al poder económico del poder político. En esencia, algo sano. Sin embargo, hay que evitar caer en el extremo contrario: que la política domine, contamine o distorsione al resto de las interacciones en la sociedad, incluyendo a la economía.
La reforma constitucional sobre la revocación de mandato y nuevas disposiciones de consultas populares apunta, sin necesidad, en ese sentido.
Se trata de una reforma con un balance de costo-beneficio claramente negativo, por el riesgo de dar vuelos a una incertidumbre política permanente, con episodios recurrentes y/o periódicos de confrontación partidista, así como más incentivos para antagonizar o sabotear, en lugar de valorar la colaboración y los acuerdos en el marco de la democracia, la división de poderes y el federalismo.
En suma, podríamos abrir las compuertas a nuevas dificultades para la gobernabilidad democrática, a cambio de beneficios difícilmente realizables y que, más que a los ciudadanos, convendrían a partidos y facciones políticas.
Es cierto que los términos de esta reforma son distintos a los del proyecto original, el cual, entre otras cosas, ligaba estos procesos con las elecciones intermedias para renovar el Congreso Federal y a las legislaturas estatales, con el peligro de que se convirtiera en un instrumento de promoción y acumulación de poder.
Con el nuevo dictamen, el mecanismo de revocación, organizado por el INE, tendría lugar hasta el cuarto año de gobierno, a nivel federal y de los estados. En el primer caso, siempre que lo solicite un 3% de los ciudadanos empadronados de 16 estados. Sería vinculante sólo si participa el 40% de la lista nominal de electores. De ganar la opción de terminar con el mandato, el Presidente de la Cámara de Diputados asumiría el Poder Ejecutivo provisionalmente y el Congreso tendría 30 días para nombrar, por mayoría calificada, al nuevo Presidente de la República.
De ser así, significaría que, a pesar de que la ciudadanía eligió un mandatario por un sexenio, acabaríamos los últimos dos años con uno designado por los legisladores, seguramente producto de negociaciones partidistas, con alta probabilidad de que se den a espaldas a los ciudadanos.
Así, tendríamos un modelo sui géneris de régimen presidencialista y potencialmente parlamentario cada tres años. Por si fuera poco, las consultas ciudadanas podrían efectuarse cada año, en agosto, sin coincidir con las elecciones. Caldo de cultivo para la inestabilidad política y, con ésta, para la planeación y la actividad económica.
Los riesgos son evidentes, como lo han advertido diversos especialistas en ciencia política.
La posibilidad de remover presidentes o gobernadores a la mitad de su administración quita valor a la elección ciudadana originaria, dando pie a la incertidumbre y a distorsiones muy graves para el ejercicio de gobierno.
Por ejemplo, que se dediquen más a promoverse y cuidarse que a gobernar, sin emprender gran cosa ni arriesgar nada. ¿Qué pasará cuando tienen que tomar decisiones impopulares, pero necesarias? Del otro lado, una oposición concentrada en bloquear y en hacer quedar mal a sus contrincantes políticos, porque la no colaboración podría ser altamente redituable políticamente. Este es un escenario pesimista, pero cualquiera que conozca los usos y costumbres de la clase política mexicana lo tendrá como factible.
De proceder una revocación, tendríamos gobernantes extremadamente débiles o vacíos de poder muy peligrosos si los legisladores no pueden ponerse de acuerdo. ¿Y cómo esperar que estos se den de manera tersa, con el antecedente de tres años de conflicto?
Una reforma como ésta, que supuestamente busca empoderar al ciudadano, podría terminar por fortalecer más a grupos de presión, convertidos en el fiel de la balanza para el fin o la permanencia de un gobierno. Todo esto, con una muy probable mayor polarización en la opinión pública.
¿De verdad queremos un forcejeo partidista continuo y una politización asfixiante de la vida pública, siempre en campañas? ¿Conviene un sistema que incentive a unos a no ejercer sus facultades de gobierno para resolver los desafíos del bien común, sino para permanecer en el poder y acumular condiciones para ello, mientras otros se alistan para hacerlos fracasar?
Habría que recordar que hace algunos años se dispuso la reelección municipal, justamente porque los tres años de gobierno de los ayuntamientos tenían esa problemática.
Viene al caso el dictamen del famoso libro ¿Por qué fracasan las naciones?, de Daron Acemoglu y James A. Robinson: "Las naciones fracasan cuando tienen instituciones económicas extractivas, apoyadas por instituciones políticas extractivas que impiden e incluso bloquean el crecimiento económico".
¿Cómo esperar que aumente la inversión y el crecimiento y multiplicación de las empresas en un entorno marcado por la incertidumbre permanentes? La política es importante, pero no lo único importante.
