Ante la creciente ola de inseguridad e impunidad, que no conoció de momentos ni procesos electorales, las miradas, esperanzas y expectativas de todos se enfocan en la llamada “cuarta transformación”. Tenemos vislumbrado un gabinete con sus distintas estructuras que se da a conocer por distintos medios de comunicación. A la par crecen las expectativas de qué y cómo van a hacer para que los índices delictivos se reduzcan y exista una atención adecuada a la inseguridad con fin de lograr revertirla.
El equipo de la nueva administración cuenta con un nombre al frente de la próxima Secretaría de Seguridad Pública, Dr. Alfonso Durazo Montaño, para dar respuesta y resultados en este eje fundamental de la armonía de la Nación. En pocos meses él será responsable de los elementos policiales -por lo menos a nivel federal-, como primeros respondientes en el Sistema de Justicia Penal (SJP) vigente.
También tenemos pendientes algunos cambios que se suscitarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por supuesto, el nombramiento de un Fiscal General de la República, que más allá de autónomo, deberá responder a las actuales necesidades de procuración de justicia donde un eje fundamental será la investigación científica en el esclarecimiento de los hechos criminales. Todas estas figuras son de suma importancia, y se volverán actores principales en el desarrollo de políticas públicas de administración, procuración e impartición de justicia, que brinden los resultados esperados en esta etapa temprana de ejecución del SJP.
Hoy, desafortunadamente, es de conocimiento de todos que no son necesarias penas más severas para inhibir conductas delictivas, como lo han querido manejar, traduciéndose en populismo penal, sino un verdadero compromiso y responsabilidad de los operadores en cada etapa que compone el proceso de justicia penal acusatorio.
Este tipo de populismo pugna por contrarrestar y dar marcha atrás a la reforma más importante, jurídica y estructuralmente, en los últimos cien años de nuestro país, derivado del creciente número de víctimas y voces que se alzan en un escenario de impunidad e injusticia. Todos hemos escuchado el fuerte señalamiento de una “puerta giratoria”, sin embargo, el cuestionamiento correcto es ¿qué están haciendo las autoridades, operadores y responsables de la ejecución del SJP? Su “mala operación”, es culpa ¿de quién?
Yo preguntaría, ¿se ha hecho lo necesario para que el Sistema funcione?, pues seguimos inmersos en una descoordinación de los responsables de su ejecución, sin tratarse de la falta de un nombramiento, sino de la incomunicación de los operadores en este tema, y la manera dispar que han querido continuar trabajando
Esto es crucial ante una nueva administración que, de no entrar fortalecida en una verdadera división de competencias y responsabilidades, podría generar una contrarreforma en este tema. Situación que más allá de ayudar a un progreso conjunto, generaría un contexto de insatisfacción y, sobre todo, lo más grave, es que nos dejaría en un estado de indefensión como ciudadanos.
Debemos ser muy cuidadosos en la toma de decisiones al respecto, pues tenemos distintos ejemplos, no sólo se trata de modificar normas en redacción y forma, los verdaderos retos ante las mínimas modificaciones siempre aparejan un trasfondo de estructura, cambio, paradigma y capacitación que no termina de aprehenderse por quien debe aplicarlos.
Nuestro SJP aun es joven, y este contexto dejará de ser pretexto en corto tiempo, debemos exigir los resultados para los que ha sido diseñado, porque más allá de sistemas jurídicos que deben evolucionar, una contrarreforma sólo generaría el efecto contrario, una involución. Y en este sentido, corremos el riesgo de regresar a los viejos vicios que propiciaron justamente el cambio de sistema suscitado.
Desde mi experiencia considero que sería mejor evaluar y saber exactamente qué está fallando, qué se tiene que hacer en cada etapa y por cada operador del SJP, para hacer que funcione. Hoy hay muchos aspectos que ni siquiera se operan o se hace de manera inadecuada, por ejemplo, justicia para adolescentes, medidas cautelares, procesamiento del lugar de los hechos, atención a víctimas, justicia alternativa y la ejecución penal, etc.
Apostar por cambiar el texto legal e imponer sanciones penales mayores, no dará el resultado esperado, pues la efectividad radica en que la operación del SJP se realice por cada institución de forma adecuada y comprometida en su tramo de responsabilidad. Hay ejemplos que lo demuestran, tal es el caso del Municipio de Puebla con su Mesa de Seguridad, el Estado de Querétaro con su Programa Cosmos o Sonora con su coordinación en investigación y modelo de medidas cautelares. Valdría la pena analizar y replicar lo que sí funciona, negarnos a esto sería dar la espalda a una esperanza en seguridad que todos anhelamos sea una realidad.
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