La democracia participativa que en el concepto del próximo presidente lleva a la consulta popular para todo asunto, tendrá en su gobierno notables excepciones. La práctica de la pregunta a la ciudadanía será selectiva y estará a la voluntad unipersonal del presidente.
Andrés Manuel López Obrador determina llevar adelante la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México una innecesaria y legalmente discutible auscultación sobre la construcción de esa terminal; no importa que la opinión de los expertos en ingeniería, aeronáutica y aspectos financieros hayan determinado con claridad la conveniencia de continuar la obra en marcha en Texcoco, con un avance de 35 por ciento. La sabiduría del pueblo, su intuición aun no informada, por encima del conocimiento, la experiencia y el análisis técnico acumulado desde hace décadas. Esa intuición, esa sabiduría que invoca López Obrador podría llevar a la consulta popular sobre otras cuestiones tan importantes como la de una nueva terminal aérea.
Ejemplos de algunas cuestiones que deberían someterse a la expresión de la mayoría serían la enajenación de varias decenas de aviones y helicópteros adscritos a la presidencia de la República y a diferentes dependencias, empresas y organismos que forman parte de los bienes de la nación. La enajenación de ese acervo, anunciada aun antes del comienzo de la próxima administración, requeriría de la autorización del Congreso, de acuerdo con las diferentes disposiciones que las regulan. Pero ya que López Obrador pasa por alto la autorización sobre la disposición de bienes de la nación, no estaría mal someterlas a una consulta popular sobre la conveniencia de liquidar los servicios y las funciones que esos elementos cumplen, entre otros la seguridad y el funcionamiento del aparato gubernamental. Hay cuestiones tan serias que no pueden dejarse a la intuición o a la voluntad de una persona.
López Obrador anuncia que a mediados del año próximo establecerá su domicilio en algún lugar de Palacio Nacional. El uso de los recintos oficiales, los que albergan las dependencias gubernamentales, los monumentos nacionales, los bienes artísticos o históricos está regido por reglas que deben ser respetadas por los servidores públicos, desde el presidente de la República. El jefe del Ejecutivo está en libertad de fijar su residencia donde mejor le plazca. Nada lo obliga a vivir en el sitio fijado desde el gobierno de Lázaro Cárdenas como residencia oficial de la Presidencia. Pero esa libertad no autoriza a disponer a voluntad de los bienes nacionales para uso diferente al que están asignados. Ni los aviones, ni los equipos al servicio del gobierno, ni los recintos oficiales son propiedad del presidente de la República en turno. Al terminar su mandato está obligado a dar cuenta del estado en que se encuentran, material y jurídicamente los bienes cuyo depósito le es encomendado.
Con un mal chiste, López Obrador afirma que para vivir en Palacio Nacional sólo requerirá un pequeño espacio, un catre y una hamaca. Reducción de la austeridad imposible en la práctica, inimaginable en el espacio vital de un presidente. La frugalidad que pregona en todas sus actividades es una cuestión que por interés público, por la imagen y la dignidad de un jefe de Estado debería ser sometida a la sabiduría del pueblo que López Obrador considera infalible. La respuesta a esas cuestiones, que no son de menor importancia, y no la pose circunstancial debería ser la que norme el quehacer y la vida de quien representa al pueblo sabio.
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