Problemas de financiamiento, dificultades para encontrar salas de exhibición, complicaciones para obtener patrocinios y seguridad en las locaciones son algunos de los obstáculos con los que se encuentran las películas y los documentales que abordan el tema de la desaparición forzada en México.
Que las apariencias no engañen. Aunque Sin señas particulares (2020) fue una película mexicana exitosa en México y el mundo —ganadora de nueve premios Ariel y reconocida en los festivales de Sundance, Zúrich y San Sebastián—, lo cierto es que su proceso de realización duró más de cinco años. Conseguir recursos económicos para filmarla no fue fácil. El tema de las desapariciones, aunque es coyuntural, no atrae la atención suficiente para conseguir fondos.
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“El reto para hacer cualquier película que hable de temas fuertes y complicados como la desaparición forzada en México, es buscar recursos. Resulta muy difícil que una empresa o un particular quiera apoyar una producción con esas características, sobre todo por el miedo que supone contribuir en algo que hable mal del gobierno en turno o de la situación del país”, dice en entrevista Astrid Rondero, productora de Sin señas particulares (2020).
Aunque la película sí contó con financiamiento público, no fue suficiente.
El equipo de producción se encontró con otro problema: el Foprocine —Fideicomiso hoy extinto, eliminado por el gobierno de López Obrador en 2020— redujo su bolsa de apoyo para óperas primas de diez millones de pesos a cinco. Por ese motivo, Rondero y su colega, la directora Fernanda Valadez, tuvieron que mover mar y tierra para encontrar más dinero de otras fuentes.
Sin señas particulares (2020) aborda un tema lacerante: la violencia que sufren los migrantes en su paso por México para buscar el sueño americano. Una barbarie que, de tan frecuente, ha sido normalizada en estadísticas y noticias. El cine, sin embargo, busca personalizar el dolor. Eso fue lo que intentaron Rondero y Valadez: contar la tragedia de estas personas que, a menudo son víctimas de desaparición forzada, secuestros, asesinatos y trata.
Después de una búsqueda agotadora, las realizadoras encontraron, por fin, una compañía que decidió ayudarlas: Zapata, una empresa del ramo transportista con operaciones en varios países de Latinoamérica. “Logramos consolidar el presupuesto gracias a ellos”, dice Rondero. Además, fue necesario contar con la guía de las autoridades estatales para poder rodar en zonas que comúnmente son sitio de operaciones de la delincuencia organizada, comparte Astrid.
"En aquel año Guanajuato no padecía los índices de violencia que hoy sí, pero definitivamente fue necesario el apoyo de la Secretaría de Turismo estatal para poder hacer escenas como la del robo del camión", señala.
Una lucha colectiva
La falta de apoyos públicos fue la circunstancia en la que se desarrolló otra destacada producción sobre la desaparición forzada: Mirar morir (2015), un documental que muestra las entrañas de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Su productor y guionista, Témoris Grecko, añadió una actualización en 2020, con el objetivo de que el espectador entendiera más los entresijos de un caso que sigue vivo, más ahora con la caída de la llamada “verdad histórica”, según las últimas pesquisas de FGR.
La forma en como fue concebido este largometraje fue completamente autónoma, sin recursos públicos. Grecko sabía que era un tema incómodo para el gobierno de Peña Nieto. Por eso él y un grupo de realizadores, fotógrafos, activistas y periodistas conformaron un colectivo: Ojos de perro contra la impunidad.
“Nosotros nos constituimos como colectivo después de que Murillo Karam dio a conocer su verdad histórica, en la que quedó claro que el gobierno no tenía intención de encontrar a los estudiantes, sino de encubrir los hechos. En ese momento mucha gente se inconformó y organizó asambleas. Muchas se fueron disolviendo. Pero nosotros continuamos no sólo con el caso Ayotzinapa, sino con otras luchas como Derechos Humanos, derechos de las mujeres, derechos ambientales, corrupción, impunidad y desigualdad. Sin embargo, decidimos hacer algo, primero, sobre el tema que nos unió”, cuenta en entrevista el también periodista Témoris Grecko.
Fue así como comenzó a realizarse el documental Mirar morir, que exhibió las deficiencias en la investigación judicial sobre la desaparición de los 43 alumnos normalistas en Iguala.
Una vez que concluyó la producción, la pregunta fue: ¿dónde lo verá la gente en medio de la ofensiva rapaz del gobierno de Peña Nieto en contra de las voces que ponían en duda la “verdad histórica”?
Grecko recuerda que entraron en contacto con Cinépolis, pero no tuvieron respuesta. Por eso le sorprendió tanto cuando vio exhibida en las salas de esa misma cadena una película de la misma temática, La noche de Iguala (2015), dirigida por Raúl Quintanilla —productor y director de escena de TV Azteca desde hace más de 25 años— y basada en una investigación del periodista Jorge Fernández Menéndez, también trabajador de la televisora del Ajusco.
Para Grecko, esa dramatización del caso Ayotzinapa fue una legitimación de la versión gubernamental sobre lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014. Por ello, sugiere, fue aceptada tan rápido en las cadenas comerciales de cine. Sin embargo, la sorpresa fue que la película no tuvo éxito: fue relegada a horarios poco favorables y sacada de exhibición en pocos días.
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“Nos dimos cuenta que esa ruta (comercial) no era el camino que teníamos que seguir y apostamos por activar a la gente en escuelas, centros de barrio, comunidades, sindicatos… Decidimos proyectarla sin costo. Si nos daban tres pesos, muy bien: se dividían 50% entre producción y el otro 50% entre los padres de los desaparecidos. Eso fue tremendo, fue un éxito, porque inventamos la idea de proyecciones simultáneas continentales. Estuvimos en muchos países en cuatro continentes. Y así poco a poco fuimos avanzando hasta que logramos entrar a Netflix en un contrato de año y medio, lo cual nos permitió llegar a públicos más amplios”.
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