.jpg "Claudia Sheinbaum (15).jpg")
El exgobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, presentó este lunes el del Plan de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, para acabar con la corrupción y fortalecer la democracia.
Dicho plan consta de 10 puntos, los cuales entre otros aspectos, perfilan crear una Agencia Federal Anticorrupción a cargo de el titular del Ejecutivo federal; además, rediseñar la Secretaría de la Función Pública y hacer una política de estado que eleve las penas para quien cometa corrupción.
Aunque el actual gobierno del presidente Andrés Manuel Manuel López Obrador sostiene que ya acabó con la corrupción, Corral Jurado dijo que la corrupción es: “un fenómeno persistente, transversal y universal que ha representado para México, un lastre que debilitado sus instituciones y minado la confianza pública”.
.jpg "Sheinbaum (2).jpg")
Subrayó que la corrupción representa “un desafío que socava la justicia, la equidad, el desarrollo y la oportunidades de la gente”, porque teje redes que afectan con mayor intensidad a los más pobres.
Recalcó que “la corrupción es a la política lo que el cáncer a la enfermedad: el emperador de todos los males” y su magnitud demanda una intervención integral y su combate una suma de voluntades y un continuo impulso.
Por esto, dijo que se obtuvo una visión “esperanzadora” luego de realizar foros para crear una estrategia para acabar con la corrupción en el país.
Señaló que para crear el Plan contra la Corrupción, se utilizaron los principios del partido Morena y tuvo aportaciones de la gente, a través de una amplia consulta.
El primer punto, se basa en hacer una “Política de Estado que combata la corrupción”, aumentando las capacidades para detectarla. “Que la puesta se enfoque en aumentar los costos de cometer actos indebidos o corruptos y aumentar las posibilidades de sancionar estos hechos” dijo Corral.
La estrategia contempla a los tres niveles de gobierno y que sea transversal. Propone reconocer como derechos humano vivir en un ambiente libre de corrupción.
En segundo lugar, propone que la titular del Ejecutivo federal impulse un Acuerdo Nacional para un buen gobierno.
Dicho eje, plantea: realizar un acuerdo social y colectivo para que las distintos órdenes y poderes de gobierno asuman compromisos para resolver la corrupción en un entorno de coordinación; también, contempla compromisos de combate a la impunidad, así como mejores compras públicas, mejores servicios públicos, profesionalización de servidores públicos y la mejora digital de trámites.
Además este acuerdo plantea el aumento en el porcentaje de licitaciones públicas. Asimismo, contempla monitorear puntualmente los resultados de Acuerdo Nacional con la sociedad civil y la ciudadanía.
El punto tres contempla crear una Agencia Federal Anticorrupción que estará a cargo de el titular del Ejecutivo federal y resolverá el problema estructural de impunidad en actos irregulares y de corrupción cometidos por servidores públicos.
Dicha agencia estará “altamente especializada” y dotada de las mayores herramientas y capacidades para investigar y perseguir, por la vía administrativa, los actos de corrupción.
Dicha agencia estará facultada para presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) con los elementos de prueba necesarios para evitar impunidad, también en el ámbito penal.
El punto cuatro, prevé rediseñar la Secretaría de la Función Pública (SFP). Corral dijo que la Secretaría “será rediseñada con la creación de la Agencia Federal Anticorrupción, para el desarrollo de un buen gobierno”.
Respecto a este tema, explicó que se priorizará el rol de la SFP para la consolidación de un buen gobierno, al centrar sus objetivos en 3 aspectos: hacer políticas de prevención de la corrupción; profesionalización de los servidores públicos y hacer una política de recursos humanos de la APF y, robustecer una política de contrataciones públicas.
Se tiene revisto dentro de este eje, nombrar y remover a titulares de las Unidades de Administración y Finanzas de la APF.
El punto cinco, propone crear el Modelo Nacional para Investigar Delitos de Corrupción, cuyo propósito será dotar de herramientas de investigación que garanticen una investigación eficaz en los delitos de corrupción, así como la recuperación efectiva de delitos. Dicho eje plantea fincar responsabilidad penal a empresas y fortalecer de manera efectiva el sistema de fiscalización.
Ademá, perfila presentar una iniciativa de ley general para investigar y sancionar los delitos por hechos de corrupción y hacer un catálogo único de delitos y penas para tipificar adecuadamente conductas que actualmente quedan impunes.
El punto seis propone “Enfrentar la Corrupción en Cadena”: reformando profundamente al Poder Judicial y la Seguridad en sus niveles federal y local, pues dijo Corral que “enfrentan un grave problema de corrupción cotidiana”.
También, prevé revisar y simplificar el sistema de fe pública y asegurar transparencia e integridad en la labor de motoras públicas y para ello apostar por la digitalización.
El punto siete plantea hacer Mejores Contrataciones Públicas y Transparentes, con lo que se contempla hacer una ley general, que regule los principios y normas básicas de contratación para todas las instituciones públicas.
Este aspecto también perfila crear mayores controles para evitar el abuso de los casos, de excepción a la licitación pública y, asegurar el uso de la tecnología como herramienta obligatoria de soporte, transaccional y de monitoreo de todo el ciclo contractual (planeación, contratación, ejecución y solución de las controversias).
Para este aspecto también se buscará asegurar la probidad e idoneidad técnica de los proveedores y contratistas a través de registros.
El punto ocho, es una Estrategia de Anticorrupción que tendrá como ejes básicos “prevención y cero impunidad”, donde la tecnología y los recursos ayuden a disminuir los riesgo para que se castigue de manera “ejemplar” a quienes cometan ilícitos.
La estrategia consta de tres criterios generales:
1) la colaboración, entre los estados, la Federación y los municipios, para facilitar la investigación y procesamiento de casos de relevancia que rebasen las fronteras estatales y nacionales.
2) Diseño de un esquema nacional de alertadores y denunciantes de la corrupción que promoverá una cultura de denuncia, la cual protegerá a las personas que denuncian de las represalias.
3) Profesionalizar y certificar a los servidores públicos involucrados en la investigación de hechos de corrupción en todos los ámbitos.
