/ martes 30 de abril de 2024

Sala de Espera / El legado

El fracaso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es tan grande como la actividad política-electoral del presidente de la República en favor de su candidata y su promovida continuidad del populismo mexicano, autollamado Cuarta Transformación.

La desesperación gubernamental por tratar de lograr el triunfo de la candidata oficialista es ahora más notable, pese a que las “encuestas” a modo le dan una ventaja de hasta 30 puntos porcentuales. Si así fuera, el presidente López Obrador y sus colaboradores no estarían tan preocupados.

El famoso “Plan C” del gobierno federal no es más que el intento de menoscabar la división de poderes (el Congreso de la Unión, ahora lo tienen controlado, aunque no para las reformas constitucionales) mediante iniciativas de ley que le permitan al presidente de la República acrecentar su poder y también, por supuesto, buscar réditos electorales.

Ejemplos recientes son las reformas para limitar, en la práctica acabar en lo esencial, con el derecho de amparo y aquella que les permite el despojo, el robo, de cuentas de ahorro para el retiro (afores) presuntamente inactivas que, en el peor de los casos, tienen beneficiarios.

La ecuación es sencilla en ambos casos: capturar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hasta ahora ha sido el último valladar para el populismo autoritario, y conseguir recursos para, en plena campaña electoral, prometer pensiones al 100% para quienes deciden jubilarse, aunque no sea cierto, pero que electoralmente es muy redituable para su candidata.

El gobierno de López Obrador y su candidata del continuismo no tienen mucho que presumir en un sexenio desastroso. Sus “logros”: una refinería que no refina ningún litro de petróleo; un aeropuerto del que huyen las líneas aéreas y los pasajeros, y un tren que destruyó buena parte de la ecología de la Península de Yucatán y que, como el aeropuerto, reporta pérdidas en su operación.

Además, destruyó sistema de salud pública; acabó con las guarderías para los hijos de las madres trabajadoras; dejó a los niños con cáncer sin tratamientos ni medicinas; hizo florecer la inseguridad, la violencia y la impunidad del crimen organizado, “gobernó” a través de una conferencia diaria para ofrecer “otros datos”, victimizarse y atacar a quienes critican a su ”gobierno” y toleró e incrementó la corrupción de sus familiares y allegados.

Eso sí, repartió dinero a los más necesitados mediante “programas sociales”, que existen desde cuando menos desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, para conseguir la simpatía y votos de los beneficiarios.

Ese es su legado, al que apuesta él y su candidata presidencial.

El desastre nacional provocado no podrá ser revertido en muchos años, y se profundizará si la candidata de la continuidad gana las elecciones del próximo 2 de junio.

El panorama nacional no es promisorio. El desastre lo sufrirán, aún más, quienes ahora son niños y jóvenes. No hay ni habrá dinero que alcance para superarlo.

A este desastre se enfrentan los electores, quienes compartirán la responsabilidad si votan por la continuidad.

El fracaso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es tan grande como la actividad política-electoral del presidente de la República en favor de su candidata y su promovida continuidad del populismo mexicano, autollamado Cuarta Transformación.

La desesperación gubernamental por tratar de lograr el triunfo de la candidata oficialista es ahora más notable, pese a que las “encuestas” a modo le dan una ventaja de hasta 30 puntos porcentuales. Si así fuera, el presidente López Obrador y sus colaboradores no estarían tan preocupados.

El famoso “Plan C” del gobierno federal no es más que el intento de menoscabar la división de poderes (el Congreso de la Unión, ahora lo tienen controlado, aunque no para las reformas constitucionales) mediante iniciativas de ley que le permitan al presidente de la República acrecentar su poder y también, por supuesto, buscar réditos electorales.

Ejemplos recientes son las reformas para limitar, en la práctica acabar en lo esencial, con el derecho de amparo y aquella que les permite el despojo, el robo, de cuentas de ahorro para el retiro (afores) presuntamente inactivas que, en el peor de los casos, tienen beneficiarios.

La ecuación es sencilla en ambos casos: capturar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hasta ahora ha sido el último valladar para el populismo autoritario, y conseguir recursos para, en plena campaña electoral, prometer pensiones al 100% para quienes deciden jubilarse, aunque no sea cierto, pero que electoralmente es muy redituable para su candidata.

El gobierno de López Obrador y su candidata del continuismo no tienen mucho que presumir en un sexenio desastroso. Sus “logros”: una refinería que no refina ningún litro de petróleo; un aeropuerto del que huyen las líneas aéreas y los pasajeros, y un tren que destruyó buena parte de la ecología de la Península de Yucatán y que, como el aeropuerto, reporta pérdidas en su operación.

Además, destruyó sistema de salud pública; acabó con las guarderías para los hijos de las madres trabajadoras; dejó a los niños con cáncer sin tratamientos ni medicinas; hizo florecer la inseguridad, la violencia y la impunidad del crimen organizado, “gobernó” a través de una conferencia diaria para ofrecer “otros datos”, victimizarse y atacar a quienes critican a su ”gobierno” y toleró e incrementó la corrupción de sus familiares y allegados.

Eso sí, repartió dinero a los más necesitados mediante “programas sociales”, que existen desde cuando menos desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, para conseguir la simpatía y votos de los beneficiarios.

Ese es su legado, al que apuesta él y su candidata presidencial.

El desastre nacional provocado no podrá ser revertido en muchos años, y se profundizará si la candidata de la continuidad gana las elecciones del próximo 2 de junio.

El panorama nacional no es promisorio. El desastre lo sufrirán, aún más, quienes ahora son niños y jóvenes. No hay ni habrá dinero que alcance para superarlo.

A este desastre se enfrentan los electores, quienes compartirán la responsabilidad si votan por la continuidad.