El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está obligado a retribuir casi 30 millones de pesos que se entregaron a dos mil 829 personas que recibieron becas del programa Escribiendo el Futuro en ciclos escolares en los que no estuvieron inscritos en las Universidades del Bienestar.
Adicional a ello esa misma coordinación tiene pendiente por aclarar otros 66 millones 981 mil 578.81 pesos en pagos irregulares a personal directivo, una de ellas por más de un millón 900 mil pesos, por contratar profesores sin que los documentos avalaran sus actividades y renta de inmuebles en la Ciudad de México.
La Auditoria Superior de la Federación practicó dos revisiones en diferentes rubros, en uno de ellos dijo que en el ejercicio 2022, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez destinó para ese propósito 9 mil 938 millones 705.1 mil de pesos para la operación del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro y al revisar el ejercicio de 98.6 por ciento de esos recursos.
Como resultado de la revisión al ejercicio de los recursos orientados a fomentar la permanencia y conclusión de estudios de licenciatura o técnico superior universitario se determinó que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez deberá reintegrar 29 millones 988 mil pesos.
En este que es uno de los programas emblemáticos de la 4T se menciona que la irregularidad consistió en asignar recursos a los estudiantes inscritos hasta el segundo semestre de 2021, por lo que” no debieron considerarse como beneficiarios del programa en 2022”.
En la última semana el presidente López Obrador ha señalado que durante su administración se han entregado un mayor número de becas a los jóvenes como una medida para reducir la violencia en el país.
Al dar los resultados de la fiscalización de los recursos de 2022, la Auditoría indicó también que la coordinación de Becas para el Bienestar Benito Juárez no proporcionó evidencia de la valoración con la cual estimó que la dispersión de los recursos en el Banco del Bienestar tendría un costo de 727 millones 111.6 mil pesos, muy por debajo de lo pagado un año anterior y que eran indispensables para cumplir con la dispersión de los apoyos.
Como resultado de la revisión se determinaron dos acciones en contra de esa coordinación de becas por no haber dado de baja a las dos mil 820 personas y otorgarles una beca de dos mil 450 pesos mensuales por diez meses.
Por lo que hace a la segunda auditoría se prevé la comprobación de otros casi 67 millones de pesos por la salida de los materiales y recursos públicos federales de las sedes educativas.
Falta entregar la documentación que verifique la contratación de personal docente y administrativo.
También se identificaron pagos improcedentes por concepto de aguinaldos y sueldos por el monto de 456.9 miles de pesos, derivado de las sentencias definitivas de juicio laboral a favor de un maestro y un administrativo.
Lo que señala la auditoria es que también se realizó el arrendamiento de oficinas centrales por 447.1 mil de pesos, la renta de otro inmueble más en la Ciudad de México por un millón cien mil pesos y el pago a dos personas que recibieron una 550.2 mil pesos y otra un millón 900 miles de pesos.
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La coordinación tampoco entregó documentos sobre los recursos manejados en 19 sedes educativas por un monto total de 46 millones 110.7 mil pesos. Así como tampoco se justifica el pago a 26 docentes y 75 administrativos a quienes se les entregaron 17 millones 320.4 mil pesos, entre otras observaciones de carácter administrativo.
