/ viernes 23 de octubre de 2020

Abogados de EU piden a gobierno federal no interferir en juicios tributarios

American Bar Association exigió que se instruya a todos los servidores públicos a respetar el derecho de los contribuyentes a buscar asesoría legal

En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, la American Bar Association (ABA), conocida como el Colegio de Abogados de Estados Unidos, demandó asegurar que dentro del gobierno federal no se interfiera en la asesoría legal cuando empresas o personas se enfrenten a juicios tributarios.

En la misiva titulada "Respeto al Estado de Derecho y al derecho a la representación legal", la presidenta de la ABA, Patricia Lee Refo, exigió que se instruya a todos los servidores públicos a respetar el derecho de los contribuyentes a buscar asesoría legal, incluso a estar acompañados por el asesor elegido durante todas las reuniones con funcionarios gubernamentales y cuando lo consideren necesario para defender sus derechos a través de procedimientos administrativos o judiciales.

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Ello, al advertir que existen informes públicos que indican que en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, "altos funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) han manifestado que los miembros de la abogacía son un obstáculo para los objetivos de transformación del gobierno mexicano".

Así como que los funcionarios públicos han pedido a las personas o entidades, que se percibe no han cumplido con sus obligaciones legales, abstenerse de buscar representación legal y en su lugar se acerquen directamente a las agencias gubernamentales para corregir las presuntas faltas de conducta.

Además, porque advierte que "la Procuraduría Fiscal de la Federación está iniciando o amenazando con iniciar investigaciones penales como táctica de negociación para presionar a personas o entidades para que corrijan cualquier mala conducta tributaria que perciban se ha cometido".

"Desde su campaña presidencial como en lo que va de su administración, ha pedido una transformación de la vida pública en México, con el objetivo de acabar con la corrupción y la evasión fiscal. Estos objetivos son dignos de elogio y deberían ser el estándar en cualquier sociedad", se lee en la misiva.

Sin embargo, la ABA sostiene que se opone firmemente a cualquier acción tomada por los gobiernos para restringir el derecho de las personas a buscar asesoría legal, a un juicio o procedimiento justo, o para impugnar la presunta violación de cualquier ley o estatuto a través de los canales legales apropiados.

"Las acciones violan las nociones fundamentales del debido proceso y los derechos humanos reconocidos, entre otros, por los artículos 14, 17 y 20 de la Constitución Política de México y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que México es parte", apunta.

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La presidenta de ABA subrayó que el pleno respeto de estos derechos es el "sello distintivo de toda sociedad democrática y el estándar de los gobiernos democráticos".

"Uno de los pilares de la American Bar Association es el respeto y la protección del Estado de Derecho, incluido el derecho a la representación legal y el derecho a ejercer la profesión jurídica. A lo largo de su historia, la ABA ha defendido y defendido estos derechos enérgicamente", apunta la carta que también fue enviada al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera; la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, y al procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero.

El Colegio de Abogados de Estados Unidos cuenta con más de 400 mil miembros y su oficina central se encuentra en Chicago, Illinois, como con una oficina regional en Washington, D.C.

En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, la American Bar Association (ABA), conocida como el Colegio de Abogados de Estados Unidos, demandó asegurar que dentro del gobierno federal no se interfiera en la asesoría legal cuando empresas o personas se enfrenten a juicios tributarios.

En la misiva titulada "Respeto al Estado de Derecho y al derecho a la representación legal", la presidenta de la ABA, Patricia Lee Refo, exigió que se instruya a todos los servidores públicos a respetar el derecho de los contribuyentes a buscar asesoría legal, incluso a estar acompañados por el asesor elegido durante todas las reuniones con funcionarios gubernamentales y cuando lo consideren necesario para defender sus derechos a través de procedimientos administrativos o judiciales.

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Ello, al advertir que existen informes públicos que indican que en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, "altos funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) han manifestado que los miembros de la abogacía son un obstáculo para los objetivos de transformación del gobierno mexicano".

Así como que los funcionarios públicos han pedido a las personas o entidades, que se percibe no han cumplido con sus obligaciones legales, abstenerse de buscar representación legal y en su lugar se acerquen directamente a las agencias gubernamentales para corregir las presuntas faltas de conducta.

Además, porque advierte que "la Procuraduría Fiscal de la Federación está iniciando o amenazando con iniciar investigaciones penales como táctica de negociación para presionar a personas o entidades para que corrijan cualquier mala conducta tributaria que perciban se ha cometido".

"Desde su campaña presidencial como en lo que va de su administración, ha pedido una transformación de la vida pública en México, con el objetivo de acabar con la corrupción y la evasión fiscal. Estos objetivos son dignos de elogio y deberían ser el estándar en cualquier sociedad", se lee en la misiva.

Sin embargo, la ABA sostiene que se opone firmemente a cualquier acción tomada por los gobiernos para restringir el derecho de las personas a buscar asesoría legal, a un juicio o procedimiento justo, o para impugnar la presunta violación de cualquier ley o estatuto a través de los canales legales apropiados.

"Las acciones violan las nociones fundamentales del debido proceso y los derechos humanos reconocidos, entre otros, por los artículos 14, 17 y 20 de la Constitución Política de México y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que México es parte", apunta.

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