La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) determinó que es “ambientalmente viable” el Aeropuerto de Santa Lucía, pero aún se tienen vigentes 11 suspensiones judiciales que condicionan el proyecto al cumplimiento de los requisitos para su construcción, informó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
La cúpula empresarial, integrada en el colectivo “No Más Derroches”, señaló que el Poder Judicial no condicionó la construcción de la obra únicamente a la autorización de impacto ambiental, sino también a estudios, dictámenes y permisos en materia cultural, arqueológica, de seguridad, de viabilidad aeronáutica y de estrategia social, política e interinstitucional.
“Es decir, la autorización de la Semarnat es sólo uno de numerosos requisitos que puso el Poder Judicial de la Federación para que pueda iniciar la construcción del AISL”.
Así lo remarcó la Coparmex, a cargo de Gustavo de Hoyos, a reserva de revisar con detenimiento el contenido de la autorización de impacto ambiental para verificar que cumpla con todos los requisitos de ley.
Indicó que para poder construir un aeropuerto civil, el Artículo 10 de la Ley de Aeropuertos estable que el encargado del proyecto debe contar con un título de concesión y éste sólo se le puede otorgar a una sociedad mercantil.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será la encargada de construir y operar el Aeropuerto de Santa Lucía, como lo ha afirmado el gobierno mexicano, pero “ni cuenta con título de concesión ni es una sociedad mercantil”.
El organismo patronal reiteró que la construcción de un Aeropuerto Internacional no admite improvisaciones, por lo que es necesario “cumplir a cabalidad” lo establecido en las leyes mexicanas y los tratados internacionales.
Este jueves, la Semarnat publicó la resolución del procedimiento de Impacto Ambiental del Proyecto de Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), promovido por la Sedena, y en ella determinada que es viable la obra de infraestructura aeroportuaria.
