El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó no demoler la cortina de 80 metros de la presa de Zapotillo y llevará la discusión a una mesa de análisis con los afectados, según informaron los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, Enrique Alfaro y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
“El presidente nos ha confirmado que no se va a derribar esta cortina de Zapotillo. Hay que analizar propuestas, se siguen analizando, pero ya técnicamente le presentamos las opciones”, afirmó Enrique Alfaro en un video que publicó en su cuenta oficial de Twitter después del encuentro con el presidente de la República.
Sin embargo, los pobladores de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo sostienen que se pronunciarán por que no se continúe con la obra hidráulica, pues aseguran que es innecesaria y está plagada de corrupción.
El vocero de los afectados, el padre Gabriel Espinosa Iñiguez, comentó que la obra tenía un costo inicial de 7 mil 900 millones de pesos y con las construcciones adicionales puede ascender hasta 71 mil millones de pesos.
“Y lo que buscamos son precisamente alternativas, para una gestión del agua, no solamente en Jalisco y Guanajuato, sino a nivel nacional y en cuanto al tema del respeto de los pueblos, creo que no se puede sacrificar o dañar a alguien por beneficiar a otro que también es alguien. Todos somos alguien en este planeta, en esta historia, todos necesitamos ganar. No se trata del mal menor, por el bien mayor”, afirmó.
Mientras que Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, presidente del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable y coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión del Agua en el estado de Jalisco, insistió en que pedirán al presidente que se emita un decreto en el que se respeto el derecho s la seguridad alimentaria, sin que se use el agua de la cuenca del Río Verde, el cual, aseguran es una cuenca deficitaria.
De esta manera, negaron que la Comisión Nacional del Agua haya dicho que es viable la construcción de la presa, incluso refirieron que el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, confirmó que no es viable.
“Lo estaremos planteando con datos duros. La gente no está dispuesta a renunciar a sus derechos y a su modo de vida, entonces, si se ve amenazado o se les quiere quitar su modo de vida, la gente va a reaccionar lógicamente”, advirtió.
Márquez Gutiérrez explicó que además de la inundación de los tres poblados donde habitan alrededor de 500 mil personas, se afectará la producción de alimentos en la región pecuaria más importante de México.
