La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó errores en las compras y licitaciones hechas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Ambas instituciones incumplieron en códigos de conducta, transparencia o no supervisaron el cumplimiento de contratos para la adquisición de equipo en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), o para el mantenimiento de instalaciones.
En el caso de la SHCP, que encabeza Rogelio Ramírez de la O, no se verificó que el contratante realizó el mantenimiento de la plataforma de Compranet entre abril y diciembre de 2021.
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Precisamente el 15 de julio del 2022, este sitio web se cayó y fue reactivado hasta el 1 de agosto de ese mismo año. Durante este lapso, según Hacienda, no se interrumpieron las licitaciones o procesos de contratación entre dependencias y compañías privadas.
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Por otra parte, la ASF añadió que en el área de la tesorería de la SHCP se contrató a una compañía que no reunió todos los requisitos establecidos en la convocatoria, además de que dicha firma presentó un presupuesto final fue mayor al presentado durante el periodo de licitación.
Respecto a servicios de limpieza o mantenimiento en general, la ASF detectó que algunos proveedores de la dependencia no acreditaron sus conocimientos con base en cédulas profesionales, e incluso incumplieron en el pago total de las cuotas obrero-patronales del personal que participó en diversas actividades.
Las inconsistencias en la ANAM son similares a las registradas en la SHCP, según la ASF. Sin embargo, hay casos en donde el organismo hizo pagos no estipulados en los contratos originales o cobró las multas por retrasos de servicios.
Por ejemplo, la ASF encontró que en un contrato de servicio de protección, vigilancia y seguridad de bienes e instalaciones, la ANAM pagó cerca de 722 mil pesos de más por la diferencia en el número de guardias reportados en las listas de asistencia de cuatro inmuebles.
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De igual forma, en un convenio para el servicio de control de riesgos por fauna nociva, el proveedor facturó 435 mil 900 pesos, de los cuales no se proporcionó la documentación completa.
