La cancelación de encuestas del Inegi el año pasado, derivada del recorte a su presupuesto puede tener un impacto más costoso como es el mal diseño de políticas públicas, coincidien especialistas.
Para Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, eliminar estudios impacta a los ciudadanos en la garantía de sus derechos. “Algunos de estos instrumentos son estratégicos e, incluso, ese ahorro temporal podría repercutir en mayores gastos por políticas públicas desinformadas”, opinó.
El recorte de cinco mil millones de pesos que tuvo el Inegi en su presupuesto el año pasado, derivado de la austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador llevó al instituto a cancelar proyectos.
Campos destacó el caso de la Encuesta de Población Privada de la Libertad, que permite conocer las condiciones de un segmento que padece los mayores agravios en derechos humanos; o la de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas, en medio del debate de legalizar drogas como la marihuana.
Luis Mauricio Torres, coordinador de Proyectos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) añadió que estos proyectos del Inegi son necesarios para la evaluación de las acciones del gobierno.
