La Industria de protección de cultivos coincide con la afirmación del Jefe del Ejecutivo federal, en el sentido de que el uso del glifosato no puede cancelarse de manera tajante.
“No, no se tiene todavía una alternativa, vamos a decir, un producto natural, biológico, que ayude a aligerar y abaratar este procedimiento productivo”, dijo el pasado 22 de noviembre en su conferencia mañanera.
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El presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes de formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC), Luis Eduardo González Cepeda, manifestó que dejar de usar este herbicida que sirve para controlar las malezas, traería serias consecuencias hasta aumentar las importaciones de granos básicos.
Del glifosato, recordó que se utiliza en más de 120 países incluidos Estados Unidos, Canadá, Australia y miembros de la Unión Europea.
Organismos reguladores como la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA), concluyó en mayo de este año que no está justificado clasificar al glifosato como cancerígeno.
Por otro lado, el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), Marte Nicolás Vega Román, comentó que la Cofepris debe regular cualquier producto que sea utilizado en el campo mexicano.
“Cualquier producto que se use en el campo, sea químico u orgánico, debe estar autorizado y regulado por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); esto, para garantizar que su uso no represente un riesgo para la salud del agricultor, del consumidor ni para el medio ambiente", explicó.
Ambos directivos coincidieron en que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), debe ofrecer alternativas para el uso del glifosato.
“Si se suspende de manera tajante el uso del glifosato, las consecuencias serían muy graves para los pequeños y medianos agricultores, porque no tendrían una herramienta eficaz para proteger sus cultivos”, dijo Vega Román.
Se debe ofrecer alternativas al uso del glifosato que permitan mantener la producción de los cultivos como lo establece el decreto publicado el 31 de diciembre de 2020, que ordena la reducción gradual del herbicida y su prohibición para enero de 2024.
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Una de las consecuencias de suspender el uso de este químico sería la afectación de la producción de granos tan importantes como el maíz, esto incrementaría el precio de la tortilla, además de otros alimentos de origen animal.
Además, habría un posible impacto en el precio de los productos de la canasta básica y se tendría que aumentar la producción de granos básicos para cubrir la demanda del país.
