El Estado español adquirirá hasta 10% del capital del gigante de las telecomunicaciones, Telefónica, para convertirse en un "accionista público de referencia", anunció el martes el gobierno de izquierda que preside Pedro Sánchez.
En un comunicado publicado poco después del cierre de la Bolsa de Madrid, el Ejecutivo justificó su decisión por el hecho de que Telefónica es "una de las principales compañías del país, líder en el sector de las telecomunicaciones y clave en otros ámbitos estratégicos".
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El gobierno subrayó igualmente que las actividades de Telefónica son muy importantes para "la seguridad y la defensa", incluyendo las operaciones militares en el exterior.
La operación se realizará a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), órgano de inversión del Estado español.
La SEPI, que salió del capital de Telefónica en 1997, ya había anunciado el pasado 31 de octubre que estaba realizando un "análisis exploratorio" para considerar una posible participación en la compañía.
El medio digital El Confidencial indicó entonces que la SEPI valoraba adquirir el 5% del capital, "en coordinación con otros inversores nacionales", para ejercer de contrapeso a la entrada de Arabia Saudí en el operador español.
A principios de septiembre, el grupo semipúblico saudí Saudi Telecom Company (STC) anunció la adquisición de 9.9% del gigante español por 2 mil 00 millones de euros (unos 2 mil 300 millones de dólares).
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Esta operación generó mucha sorpresa y provocó inquietud en el gobierno español, que fue avisado en el último momento.
"La presencia de un accionista público en Telefónica supondrá un refuerzo para su estabilidad accionarial y, en consecuencia, para preservar las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales", subraya el Ejecutivo de Sánchez en su comunicado.
El gobierno afirma también que esta decisión va "en línea" con otros países del entrono. En la nota se mencionan los ejemplos de Alemania, donde el Estado ostenta 13.8% del capital de Deutsche Telekom; Francia, donde el Estado dispone de 13.4% del capital de Orange, y de Italia.
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Este regreso del Estado al capital del gigante español de las telecomunicaciones se produce cuando la empresa, con una alta deuda, atraviesa un momento complicado.
A comienzos de mes, Telefónica anunció la supresión de alrededor de 5.100 empleos en España, casi un tercio de sus efectivos en el país, para tratar de mejorar su rentabilidad.
Telefónica está presente en 12 países incluyendo Brasil, Alemania o el Reino Unido, y tiene actualmente 16 mil 500 empleados en España, de un total de 100 mil en el mundo.
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