El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reclamó a la CFE por el arbitraje internacional que inició sobre cláusulas de los contratos para servicios de transporte de gas natural, en particular el Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan, porque van en contra del compromiso entre el sector privado y el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En particular, el organismo a cargo de Carlos Salazar Lomelín señaló que la decisión de detener la puesta en funcionamiento del Gasoducto Marino Sur de Texas- Tuxpan, impactan a México, Estados Unidos y Canadá, al tener inversión conjunta en la infraestructura. Además de que afectan la relación comercial entre los tres países e inciden en el proceso de aprobación del TMEC que está en marcha.
Grupo Carso confirmó ayer que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le notificó también del inició de un proceso de arbitraje internacional para cambiar diversas cláusulas del contrato para la construcción y mantenimiento de gasoductos del contrato referente al gasoducto Samalayuca-Sásabe, el cual está en construcción por parte de Carso Gasoducto Norte (CGN), subsidiaria de la compañía de Carlos Slim, y del que había ganado la concesión para operar por 25 años.
En tanto, una fuente de la CFE citada por la agencia Reuters indicó que la empresa Fermaca también fue notificada sobre un proceso de arbitraje, aunque la compañía que se describe como el segundo operador global de infraestructura de transporte de gas natural en el país no confirmó tal información.
Los avisos se dieron dos días después de que la CFE informó que solicitó un arbitraje ante un tribunal de Londres para anular cláusulas del contrato con IEnova y TransCanada para la construcción del Gasoducto Marino Texas-Tuxpan, el cual se concluyó a principios de este mes, según informaron las empresas.
El 11 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el director general de la CFE, Manuel Bartlett, informaron en conferencia matutina que las empresas Carso, IEnova y TransCanada habían firmado contratos “leoninos” durante la administración pasada que obligaban a la CFE a pagar 70 mil millones de dólares a estas compañías como contraprestación por la construcción de siete gasoductos.
“Aquí se dio a conocer que esos contratos eran abusivos, yo les llamé contratos leoninos porque se entregaron con todos los beneficios para las empresas”, dijo López Obrador este jueves desde Palacio Nacional.
De acuerdo con el mandatario, lo que el gobierno busca con estos procesos de arbitraje es que haya una negociación con las empresas respecto a los costos pactados previamente.
La medida indignó a Canadá. Su embajador en México, Pierre Alarie, se dijo preocupado por el respeto de la administración de López Obrador a los contratos.
La medida incrementa la incertidumbre en torno a las inversiones en nuestro país e impacta negativamente a la economía, además de que contradice el pacto entre el gobierno y la iniciativa privada para fomentar la inversión, replicó ayer el CCE.
“Obras de infraestructura de esta magnitud no deberían frenarse por diferencias contractuales, en tanto se dirimen en las instancias correspondientes. Esto generaría profunda preocupación entre los inversionistas al no contar con certeza jurídica y capacidad de planeación para el desarrollo de los proyectos que se requieren para garantizar el crecimiento económico, la competitividad y el bienestar del país y de los mexicanos”, apuntó.
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) manifestó su preocupación respecto a que el freno al gasoducto que va del sur de Texas a Tuxpan impacte en el abasto de gas para la industria nacional.
