/ lunes 15 de enero de 2018

Recursos estatales enfrentan riesgo durante proceso electoral

La pobreza o mejorar la educación, son el rubro en donde regularmente ocurren desvíos de recursos en favor de empresas fantasmas o personas que no los necesitan

En este 2018, las aportaciones a las entidades federativas contarán con una jugosa bolsa de más de 740 mil millones de pesos que tendrá que ser muy vigilada por la autoridad para evitar que sean utilizados para un fin ilícito, sobre todo frente al intenso proceso electoral.

En este sentido, especialistas consideran que México debe redoblar los castigos para los funcionarios que incurran en desvíos de recursos, pues la inhabilitación para ocupar cargos públicos resulta un “rasguño” para quien se llevó millones de pesos del erario.

Kristobal Meléndez, especialista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), advierte que debido al perfil propio de las aportaciones, en el sentido de que regularmente sus recursos son canalizados a la población en general para combatir, por ejemplo, la pobreza o mejorar la educación, son el rubro en donde regularmente ocurren desvíos de recursos en favor de empresas fantasmas o personas que no los necesitan.

Por ello, dijo que México debe fortalecer las sanciones a quien incurre en este tipo de actividades ilícitas, en donde, enfatizó, se obligue al responsable devolver los recursos, ya que se trata de un robo en contra de la riqueza pública.

“Se requiere primer un mayor castigo porque se han identificado este tipo de desvíos, pero no hay un castigo ejemplar a todos los corruptos, el castigo principal ha sido el de deshabilitar a la persona para asumir cargos públicos, en vez de recuperar primer el dinero porque es un recurso, es una pérdida para el gobierno, para los beneficiarios, entonces primero se debe recuperar el dinero y aplicar más castigos ejemplares”, afirmó.

Las aportaciones federales son recursos que se entregan a las entidades federativas para cumplir determinados objetivos en materia de educación, salud, infraestructura educativa y social, seguridad pública, entre otros, establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. A diferencia de las participaciones, son recursos etiquetados para cierto fin. Las participaciones los ejercen libremente los gobiernos subnacionales.

El especialista dijo que en este año las aportaciones per cápita serán de cinco mil 400 millones de pesos.

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, de 2010 a 2018, las aportaciones federales presentan un crecimiento promedio anual de 1.8 por ciento a tasa real. Para este año se aprobó una bolsa de más de 740 mil millones de pesos.

 

“Es un problema de transparencia y de corrupción que no tiene que ver con la distribución de recursos, porque se destinan recursos de ciertos programas, pero se supone que esos recursos deben beneficiar a la población en general, pero hay desvió de recursos y se beneficia a ciertos grupos de personas que no es para el fin para el cual se distribuyeron los recursos, como combatir la pobreza o mejorar las condiciones en general”, comentó.

Por su parte, José Luis de la Cruz, presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), coincidió en la necesidad de fortalecer el marco legal para proteger los recursos públicos y agregó la necesidad de emprender una reingeniería del gasto para mejorar su ejecución y alcanzar mejores resultados, sobre todo, ante la carencia recursos que enfrentará el erario en los próximos meses por los bajos ingresos petroleros y la caducidad de la reforma fiscal de 2014.

 

En este 2018, las aportaciones a las entidades federativas contarán con una jugosa bolsa de más de 740 mil millones de pesos que tendrá que ser muy vigilada por la autoridad para evitar que sean utilizados para un fin ilícito, sobre todo frente al intenso proceso electoral.

En este sentido, especialistas consideran que México debe redoblar los castigos para los funcionarios que incurran en desvíos de recursos, pues la inhabilitación para ocupar cargos públicos resulta un “rasguño” para quien se llevó millones de pesos del erario.

Kristobal Meléndez, especialista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), advierte que debido al perfil propio de las aportaciones, en el sentido de que regularmente sus recursos son canalizados a la población en general para combatir, por ejemplo, la pobreza o mejorar la educación, son el rubro en donde regularmente ocurren desvíos de recursos en favor de empresas fantasmas o personas que no los necesitan.

Por ello, dijo que México debe fortalecer las sanciones a quien incurre en este tipo de actividades ilícitas, en donde, enfatizó, se obligue al responsable devolver los recursos, ya que se trata de un robo en contra de la riqueza pública.

“Se requiere primer un mayor castigo porque se han identificado este tipo de desvíos, pero no hay un castigo ejemplar a todos los corruptos, el castigo principal ha sido el de deshabilitar a la persona para asumir cargos públicos, en vez de recuperar primer el dinero porque es un recurso, es una pérdida para el gobierno, para los beneficiarios, entonces primero se debe recuperar el dinero y aplicar más castigos ejemplares”, afirmó.

Las aportaciones federales son recursos que se entregan a las entidades federativas para cumplir determinados objetivos en materia de educación, salud, infraestructura educativa y social, seguridad pública, entre otros, establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. A diferencia de las participaciones, son recursos etiquetados para cierto fin. Las participaciones los ejercen libremente los gobiernos subnacionales.

El especialista dijo que en este año las aportaciones per cápita serán de cinco mil 400 millones de pesos.

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, de 2010 a 2018, las aportaciones federales presentan un crecimiento promedio anual de 1.8 por ciento a tasa real. Para este año se aprobó una bolsa de más de 740 mil millones de pesos.

 

“Es un problema de transparencia y de corrupción que no tiene que ver con la distribución de recursos, porque se destinan recursos de ciertos programas, pero se supone que esos recursos deben beneficiar a la población en general, pero hay desvió de recursos y se beneficia a ciertos grupos de personas que no es para el fin para el cual se distribuyeron los recursos, como combatir la pobreza o mejorar las condiciones en general”, comentó.

Por su parte, José Luis de la Cruz, presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), coincidió en la necesidad de fortalecer el marco legal para proteger los recursos públicos y agregó la necesidad de emprender una reingeniería del gasto para mejorar su ejecución y alcanzar mejores resultados, sobre todo, ante la carencia recursos que enfrentará el erario en los próximos meses por los bajos ingresos petroleros y la caducidad de la reforma fiscal de 2014.

 

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