En México, 69 por ciento de las entidades federativas registran cobro de piso por parte de las bandas criminales, lo que afecta hasta en 80 por ciento las ventas de algunos comercios, de acuerdo con datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
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“Más de dos tercios del país están sufriendo de este delito, y vemos que cada día crece más. La gente ya está harta porque además del costo económico es el emocional, la gente vive con miedo porque estos delincuentes vienen a matarte, a anunciarte que van a hacer daño si no les pagas”, refirió a El Sol de Méxicoel presidente de la Anpec, Cuauhtémoc Rivera.
Aguascalientes, Baja California, la Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, son los estados donde los comerciantes han denunciado el cobro de piso recurrente.
Esta práctica le cuesta a los comerciantes 20 por ciento de sus utilidades, en promedio, pero hay estados donde la cifra se multiplica, como Chihuahua, donde puede ser entre 70 y 80 por ciento, según datos del organismo privado.
En otros estados como Guanajuato, Chiapas y Morelos, el pago de derecho de piso les puede costar a los comerciantes hasta la mitad de sus ganancias.
Lo anterior se traduce en cobros desde 150 hasta 20 mil pesos en los primeros tres meses del año, dependiendo del tipo de comercio y la zona en la que se encuentre.
Rivera contó que, por ejemplo, hay establecimientos en Polanco donde se tienen reportes de que las bandas de criminales cobran hasta 50 mil pesos al mes como derecho de piso.
Pero el presidente de la Anpec destacó que también es el daño emocional el que hay que contar, porque a diferencia de las mafias como la italiana, a las que los comerciantes les pagan por protección, en México se hacen estas aportaciones para que no les hagan daño.
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Los 22 Estados señalados por el organismo, que agrupa a comerciantes, concentran 81.5 por ciento de las denuncias de extorsión registradas en todo el país durante el primer trimestre del año.
Entre enero y marzo se registraron en el país dos mil 473 denuncias de extorsión, la cifra más alta para dicho periodo en casi una década, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El número de denuncias en el primer trimestre creció 13 por ciento respecto al mismo periodo de 2019, y en este lapso hay 14 entidades, que han visto un aumento en este delito.
“Las consecuencias que provoca la extorsión a la sociedad son muy graves. En el ámbito económico, abate la fuerza emprendedora de la ciudadanía, ya que ataca directamente en todos los giros de negocios a aquellos que día a día se esfuerzan por encontrar márgenes de utilidad aceptables”, refirió la Anpec.
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El año pasado cerró con la cifra más alta en extorsiones acumuladas desde 2015, año hasta el que el SESNSP tiene registro, por lo que Rivera alertó que de no poner un alto por parte de las autoridades, esta práctica seguirá al alza y en detrimento de los negocios del país y de la economía.
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