/ jueves 17 de junio de 2021

Jueces y magistrados piden justicia a un año del asesinato del juez Villegas

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) señaló que después de un año sólo una persona ha sido vinculada a proceso

Al cumplirse un año del asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas, registrado el 16 de junio de 2020, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), demandó a la Fiscalía General de la República (FGR) el total esclarecimiento.

En un posicionamiento de Jueces y magistrados, refirieron que a un año de que se registraron los hechos, sólo una persona se encuentra vinculada a proceso.

La asociación lamentó que, hasta el momento, los autores intelectuales del asesinato no hayan sido detenidos y que las indagatorias no reflejen mayores avances, propiciando la absoluta impunidad de los responsables.

Uriel Villegas Ortiz y su esposa fueron ejecutados en la colonia Real Vista Hermosa, en Colima capital, por varios hombres armados que llegaron al domicilio de la calle León Felipe e ingresaron a la residencia para disparar contra sus víctimas en repetidas ocasiones.

Del ataque fueron testigos dos menores de edad, hijos de la pareja, y otra mujer que trabajaba en labores domésticas.

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El juez Villegas fue trasladado a Colima en enero de ese año para desempeñarse como juez de Distrito, Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima.

Entre los casos que tenía a su cargo el juez Villegas cuando se desempeñaba como juez sexto de Distrito en Procesos Penales en Jalisco, está el de Rubén Oseguera González “El Menchito”, hijo del capo Nemesio Oseguera “El Mencho”, para que fuera trasladado de Oaxaca a Jalisco.

➡️ Más de 300 jueces del país solicitan seguridad

La JUFED puntualizó que la impunidad en torno a este crimen envía una preocupante señal de que es posible privar de la vida a quienes tienen “la alta misión” de impartir justicia, sin que exista una reacción eficaz de los órganos federales responsables.

Refiere que el Estado es responsable de generar las condiciones para que las y los juzgadores puedan brindar con toda seguridad el servicio de justicia federal a los ciudadanos.

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Por este caso la FGR y la Secretaría de Marina detuvieron en la ciudad de Cuauhtémoc, Colima, a Jaime Tafolla Ortega, “El Alacrán”, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a otra persona, a quienes se les relaciona con el homicidio del juez Uriel Villegas Ortiz.

Al cumplirse un año del asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas, registrado el 16 de junio de 2020, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), demandó a la Fiscalía General de la República (FGR) el total esclarecimiento.

En un posicionamiento de Jueces y magistrados, refirieron que a un año de que se registraron los hechos, sólo una persona se encuentra vinculada a proceso.

La asociación lamentó que, hasta el momento, los autores intelectuales del asesinato no hayan sido detenidos y que las indagatorias no reflejen mayores avances, propiciando la absoluta impunidad de los responsables.

Uriel Villegas Ortiz y su esposa fueron ejecutados en la colonia Real Vista Hermosa, en Colima capital, por varios hombres armados que llegaron al domicilio de la calle León Felipe e ingresaron a la residencia para disparar contra sus víctimas en repetidas ocasiones.

Del ataque fueron testigos dos menores de edad, hijos de la pareja, y otra mujer que trabajaba en labores domésticas.

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El juez Villegas fue trasladado a Colima en enero de ese año para desempeñarse como juez de Distrito, Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima.

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La JUFED puntualizó que la impunidad en torno a este crimen envía una preocupante señal de que es posible privar de la vida a quienes tienen “la alta misión” de impartir justicia, sin que exista una reacción eficaz de los órganos federales responsables.

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