En la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los agentes del Ministerio Público (MP) son los funcionarios públicos más sancionados por cometer alguna falta administrativa, es decir que no realizaron su trabajo de la forma correcta o cometieron algún acto de corrupción.
Durante 2023, de enero a septiembre (última actualización), la Fiscalía castigó a 77 funcionarios públicos de los cuales 62 fueron agentes del Ministerio Público (80.5 por ciento). En 2022 hubo 151 sancionados de los cuales 117 son son agentes del MP (77 por ciento) y en 2021 castigó a 98 funcionarios de los que 78 eran ministerios públicos (79 por ciento).
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Las sanciones contra estos trabajadores son suspensiones, amonestaciones públicas y, en el peor de los casos, inhabilitaciones. Los procesos para sancionarlos inician en el Órgano Interno de Control de la Fiscalía, quien que vigila las actividades de los servidores públicos.
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, los agentes del Ministerio Público tienen la función de conducir la investigación, coordinar a las policías y a los servicios periciales durante la investigación y al final determinan qué delito y quién lo cometió. Los agentes del MP son el primer contacto con la ciudadanía para perseguir los delitos.
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En los primeros nueve meses del año pasado, 46 agentes fueron sancionados con suspensiones por periodos que van de los tres a los 30 días. Por ejemplo, en una sanción contra el agente Juan Antonio Trujillo Carrillo, por omitir girar los oficios para solicitar los videos de cámaras privadas, la suspensión fue de 30 días; en cambio, el agente Carlos Vargas Rodríguez recibió una suspensión por tres días, debido a que omitió firmar documentos.
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Las amonestaciones públicas son llamadas en las que advierten al servidor público sobre las consecuencias que tiene la falta que cometió. Así le ocurrió a la agente Basilia Hermila García Gutiérrez, quien fue amonestada públicamente, porque no se condujo con legalidad durante una entrevista y no propició las condiciones de seguridad necesarias para la entrevistada, que se encontraba recluida.
Un Policía de Investigación (PDI) de la fiscalía, cuya identidad pidió reservar, señaló a El Sol de México que, en su experiencia, la mayoría de las omisiones de los agentes del MP están relacionadas con una mala integración de las carpetas de investigación, actos que realizan sabiendo la gravedad de la falta.
El PDI opinó que la principal consecuencia de un mal trabajo de los MP es que no sepan guiar la investigación, pues no solicitan los estudios o la información necesaria. “La mayoría de los casos diría que son con iniciativa o dolosamente, se supone que con el servicio profesional de carrera depuraron a los que de plano no sabían nada del nuevo sistema”, señaló.
Según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, los Ministerios Públicos son la segunda autoridad de seguridad en la Ciudad de México considerada como la más corrupta, con 81.7 por ciento de los encuestados. La población capitalina considera a los MP más corruptos que los jueces, el ejército o que la Guardia Nacional.
Alejandra Hernández, investigadora del programa de justicia de México Evalúa, explicó que los agentes tienen una atribución clave, porque son ellos quienes deciden si lo que les comunica la ciudadanía es o no un delito y determinan si un caso se judicializa o si va a acuerdo reparatorio.
En entrevista con este diario, la especialista expuso que la capital del país está favorecida por el gran número de personas que realizan funciones de Ministerio Público, mil 799 agentes, lo que permite que cada servidor público atienda 133.2 carpetas de investigación, mientras que el dato nacional es superior a las 180 carpetas; sin embargo, esto no se traduce en mejores resultados.
“Podemos ver que en la Ciudad de México sí hay un bajo porcentaje de casos que logran ser judicializados. Cuando un Ministerio Público decide judicializar un caso es porque ya lo tiene, digamos, armado al menos con las pruebas suficientes para establecer que probablemente se cometió ese hecho.
“En la Ciudad de México, el porcentaje de casos que son vinculados a proceso es nada más 3.7 por ciento de todos los casos que ingresaron en un año, y este porcentaje es muy bajo, porque a nivel nacional es 4.3 por ciento”, detalló.
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Consideró que la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía no ha podido implementarse de manera adecuada, pues opera con el reglamento de la extinta Procuraduría General de Justicia.
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