La construcción del memorial para siete policías federales y un civil, desaparecidos en 2009, está retrasada por el cambio de gobierno y un "excedente de presupuesto", dijo la representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Gabriela Correa Mendoza.
Durante la reunión del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, el 7 de febrero pasado, la experta destacó la importancia de que las familias de las víctimas tengan un sitio para recordarlas.
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“Es importante para las familias que sea en este lugar, ya que les evoca muchos recuerdos de cuando asistían con sus familiares, era ya un espacio de convivencia, actualmente los policías de la Guardia Nacional utilizan este espacio para ver a sus familias.
“Además, este sitio se convirtió en un espacio de luchas, porque ahí se juntaban para protestar, por lo que este espacio cuenta con una doble carga simbólica”, explicó Correa Mendoza.
Recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó en 2017 la construcción del memorial y este año el Comité de Monumentos aprobó su edificación frente a la sede del que fuera el Centro de Mando de la Policía Federal, base Contel, ubicado en Periférico Oriente, alcaldía Iztapalapa.
En ese sitio ahora se encuentran las instalaciones de la Guardia Nacional.
El 15 de noviembre de 2009, siete policías federales fueron enviados en comisión a Ciudad Hidalgo, Michoacán, con sus propios medios, pues sus mandos no les dieron viáticos ni un vehículo para trasladarse, por lo cual solicitaron a una persona que los llevara en una Suburban. La última comunicación que hubo con ellos fue a las 15:00 horas.
Las investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República permitieron saber que un comando de La Familia Michoacana interceptó a las víctimas en una gasolinera de Zitácuaro, las llevó al cerro La Coyota, donde las interrogó para luego asesinarlas y quemar sus restos. Las cenizas fueron esparcidas en una presa.
La CNDH, que era presidida por Raúl González Pérez, tomó el caso y recomendó a la entonces Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y Comisión Nacional de Seguridad, levantar el memorial.
La recomendación cuatro expone que se deberá establecer también un sitio para honrar y recordar, en un entorno de respeto, exclusivamente la memoria de todos los policías federales que hayan desaparecido en el ejercicio de sus funciones.
Correa Mendoza planteó, entre otros puntos, que todos los diseños, cambios o elementos que requiera el memorial tienen que consultarse antes con las familias de las víctimas en el proceso de las medidas de reparación, las cuales es necesario que estén en lugares que recuerden o contengan la memoria histórica.
Agregó que los recursos destinados al memorial, así como la gestión de permisos de construcción, deberán ser facilitados por las autoridades responsables.
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El proyecto inicial, continuó la funcionaria, plantea la escultura de bronce al Policía, el perforado de alas de Ángel, la presencia de agua para recordar que a las víctimas las ejecutaron y arrojaron al río.
La presencia del número ocho representa a los siete policías y al civil desaparecidos en Michoacán, por lo cual se propone que sus nombres estén en las bancas que estarían en el memorial para la convivencia de las familias de las víctimas que acuden al sitio.
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