En los últimos 10 años, la cantidad de pisos construidos ilegalmente en la Ciudad de México rebasa 15 veces la Torre Mítikah, la torre más alta de la capital del país.
Según registros de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), de 2013 a 2023, los capitalinos y las empresas construyeron mil 39 pisos que no contaron con los permisos para su construcción o que violaron algún programa parcial de desarrollo de las alcaldías. La PAOT es la encargada de recibir y atender las denuncias ambientales y de desarrollo urbano, entre ellas las de construcciones irregulares, donde se agrupan los casos por pisos excedentes.
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En 2013 la PAOT comprobó la ilegalidad de cuatro niveles, al año siguiente fueron 29 pisos, en 2015 fueron 62 y en 2016 registraron 94. A partir del 2017, el número de investigaciones por pisos que excedían la norma se dispararon y fue el año con más pisos ilegales (187).
En 2018, la PAOT reportó 84 niveles irregulares y en 2019 tuvo 179. En 2020 reportaron 47 y para 2021 fueron 23, aunque en estos años la PAOT frenó la investigación y recepción de denuncias debido a la contingencia sanitaria por Covid-19.
En 2022, la procuraduría contabilizó 186 pisos ilegales, fue el segundo año con más casos.
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En 2023 comprobó 144 niveles irregulares. De las denuncias que recibió ese año, la procuraduría tiene un listado de 43 que siguen en proceso de investigación, la mayoría de ellas son por la construcción de entre uno y tres pisos de más.
Las investigaciones de la PAOT en torno a las denuncias por pisos excedentes tienen como consecuencia la demolición de estos, cuando comprueban su ilegalidad. Ejemplo de ello es lo ocurrido con el inmueble ubicado en Amores 218, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, cuyo propietario llegó a un acuerdo para realizar la demolición de un piso.
Otro caso es el de Baja California 370, cuya construcción rebasaba la altura máxima permitida. Después de un proceso legal que data de 2017, la inmobiliaria tuvo que demoler siete pisos.
La construcción de pisos extras es una de las prácticas que pretende sancionar la Ley de Responsabilidad Ambiental de la Ciudad de México, cuya discusión está en comisiones dentro del Congreso capitalino. La sugerencia de ley propone multas millonarias para quien construya niveles de más. Como informó El Sol de México el mes pasado, las multas pueden ir de los 32 mil 571 a cinco millones 428 mil 500 pesos, cuando la responsable sea una persona física, y de 108 mil 570 a 65 millones 142 mil pesos, si son una empresa.
Tania Larios Pérez, presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso local, consideró que la propuesta de la Ley de Responsabilidad Ambiental debe analizarse en varias aristas, precisamente por temas como el de la construcción de niveles adicionales, porque hay casos como el del colegio Enrique Rébsamen, en el que la construcción de un piso excedente fue una de las razones por las que perdieron la vida 26 personas.
“Las ampliaciones y adecuaciones de viviendas pueden terminar en tragedias, por la sobrecarga de peso”, expuso.
La legisladora adelantó a este diario que este mes organizará foros con sociedad civil, organizaciones, expertos y con la PAOT, para que las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Ambiental sean acordes a las necesidades de la población y a la protección del medio ambiente.
Víctor Ramírez, académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que casos de construcciones con entre uno y dos pisos adicionales, de forma ilegal, obedecen a la falta de vivienda popular, por lo que pensar en sanciones para estos casos sería penalizar doblemente la pobreza.
“Hay una demanda de vivienda dentro de las nuevas generaciones y de la población que crece que debe ser atendida. Hay políticas urbanas en la Ciudad de México de contención al crecimiento, parece contradictorio; entonces, ¿dónde vamos a alojar a las futuras generaciones? No podemos seguir mandándolas a la periferia y a los lugares alejados cuando estamos hablando de ciudades centrales en donde deberíamos provocar mejores condiciones para que aquí mismo habite la población”, expuso.
El especialista detalló que la reserva más importante de la Ciudad de México se encuentra en los segundos pisos de las casas particulares y, en ese sentido, consideró que debe haber una política de apoyo, fondos financieros, asistencia técnica y normativa que asegure a las familias mejores condiciones para alojar nuevos miembros en los recintos familiares.
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Opinó que la Ciudad de México tiene serios problemas por lo costoso del suelo y eso condiciona cualquier producción de vivienda. Por eso las familias construyen en los espacios disponibles, porque no tienen otra alternativa.
“Este fenómeno de ilegalidad que tiene efectos nocivos en la percepción de la eficacia en las instituciones tiene sus razones, y estas razones son la incapacidad del mercado de surtir las necesidades de vivienda”, dijo.
