En cinco años la Ciudad de México recuperó áreas invadidas equivalentes a casi toda la extensión del Bosque de Chapultepec.
De 2019 al 31 de julio de este año, el presente gobierno recuperó 623.61 hectáreas de suelo de conservación y áreas naturales protegidas en la Ciudad de México ocupadas ilegalmente y que ahora están en proceso de restauración, de acuerdo con cifras contenidas en el V Informe de Gobierno local.
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Lo recuperado se acerca a la extensión que tiene el Bosque de Chapultepec, que cuenta con 686.05 hectáreas y se considera el parque urbano más grande de América Latina.
El quinto informe asegura que la apertura de más alternativas de desarrollo para las familias de las zonas rurales fue la clave para atender las causas que provocaron el deterioro y abandono del suelo de conservación y ejidos que habitaban esos territorios.
Las estadísticas del quinto informe indican que, en 2017, la anterior administración capitalina recobró solo 4.6 hectáreas y al año siguiente la cifra subió a 16.60.
Para 2019 la cifra recuperada fue de 87.02 hectáreas y en 2020 se duplicó a 183.4 hectáreas. Luego en 2021 solo fueron 87.57 hectáreas y el año pasado 60.84.
El Instituto de Investigaciones Legislativas del congreso local en su estudio Los Asentamientos Irregulares en la Ciudad de México advirtió que este problema se debe en gran medida al crecimiento poblacional de la ciudad, a la migración de las personas de diferentes estados de la República, la falta de oferta en materia de vivienda y su costo inaccesible, la carencia de oportunidades laborales y el bajo salario y el arraigo familiar de las personas a determinadas áreas de la ciudad.
El estudio elaborado por Luis Bárcenas Ibarra, subdirector de Investigaciones y Estudios de la Ciudad de México, y Karla Paolettti Carrillo, citó que el Censo de 2020 dio a conocer que en la capital del país hay nueve millones 209 mil 944 habitantes y que el número de viviendas particulares habitadas es de dos millones 756 mil 319, lo que significa que únicamente se cuenta con menos de 30 por ciento de viviendas para la población y que la demanda superara la oferta.
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Define que los asentamientos irregulares son lugares tomados para vivir por una persona o grupo de personas, pero el terreno está al margen de los reglamentos o las normas establecidas por las autoridades encargadas del ordenamiento urbano.
“Por lo regular, estos asentamientos son ocupados por personas que pertenecen a grupos marginados y con economía limitada que los utilizan para vivienda autoconstruida y características deficientes ya que cuentan limitados, por estar ubicados en los bordes de las ciudades”, explicaron los investigadores a cargo del estudio.
Agregaron que Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco son las alcaldías que concentran la invasión de terrenos de suelo de conservación.
En 2019, un grupo provocó un incendio en el Parque Tepozán, en la alcaldía Tlalpan, el fuego afectó 80 hectáreas. Tres años después la Secretaría de Medio Ambiente informó la recuperación de una parte de ese terreno que fue invadido tras el siniestro. “La invasión de Suelo de Conservación y Áreas Naturales Protegidas contraviene la legislación ambiental vigente en la Ciudad de México, ya que estas zonas proveen de importantes servicios ambientales como la captación de agua y carbono, además de mantener la biodiversidad”, explicó entonces la Secretaría de Medio Ambiente.
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Bárcenas y Carillo también señalaron en el estudio las consecuencias de vivir en esos territorios, por ejemplo, que la ocupación en el suelo de conservación afecta a los bosques de la ciudad, porque proporciona diferentes servicios ambientales entre ellos la retención de las partículas suspendidas generadas por la contaminación ambiental.
Además a las construcciones en el suelo de conservación las acompaña una infraestructura para construir caminos y acercar los servicios de agua, drenaje y luz. Los invasores toman áreas de cultivo y siembra y provocan la tala y deforestación de áreas verdes.
“Lo anterior, representa un daño a la economía de las zonas rurales que aún existen en la ciudad, generando así pobreza y marginación de sus habitantes”, plantean los investigadores.
Los operativos de las autoridades en el suelo de conservación y las áreas naturales protegidas también subieron en esta administración, en 2018 efectuaron siete, en 2019 fueron 34, en el 2020, durante la pandemia de Covid-19, bajó a 19, retomó el ritmo en 2021 con 32, el año pasado bajó a 17 y de enero a julio de 2023 llegaron a 181, lo cual da un total de 290.
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Asimismo, carecen de características para ser habitadas, lo cual ponen en riesgo y vulnerabilidad a las personas que las habitan, como sucede en los casos de desgajamientos de cerros en temporada de lluvias que han destruido casas y enterrado comunidades.
A eso los investigadores sumaron el alto índice delictivo por estar alejadas del centro de la ciudad y del poco control que es posible que exista en zonas marginadas con un alto nivel de hacinamiento.
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