Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, retiró las propuestas de Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) para sumar nuevas iniciativas sobre prevención de corrupción inmobiliaria.
Ambos planes definirán el crecimiento urbano de la ciudad para los próximos 20 años, pero el contenido de los proyectos ha provocado una larga discusión entre autoridades, diputados y capitalinos.
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Los vecinos insisten en que no satisfacen las necesidades de la población, el gobierno defiende que las políticas que propone son viables y los diputados no lograron un acuerdo para legislarlos.
El mandatario comunicó esta decisión al Congreso de la Ciudad de México a un día de vencer el plazo para aprobar ambos documentos. Esta es la segunda ocasión en la que se aplazan los planes, pues la primera ocurrió exactamente hace un año cuando Claudia Sheinbaum gobernaba.
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Batres expuso que una preocupación importante de los vecinos es poner freno al cártel inmobiliario y que no era posible dar paso a esos elementos de planificación de largo plazo sin establecer un conjunto de candados y medidas que impidan la proliferación en el área de bienes y raíces o los efectos urbanos negativos que esto tiene.
“Vamos a retirar el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, vamos a incorporar todo un capítulo de combate a la corrupción inmobiliaria, de combate al cártel inmobiliario para, una vez incorporado, enviarlo nuevamente al Congreso de la Ciudad de México, es un tema que hemos venido reflexionando ampliamente en estos días que, como ustedes saben, ha estado todo el debate sobre la corrupción inmobiliaria”, subrayó Batres Guadarrama.
El jefe de gobierno local señaló las consecuencias de la corrupción inmobiliaria, como la construcción de pisos de más, los impactos negativos en el abasto de agua, el aumento de los costos del suelo y de la vivienda. Agregó que el “pago de moches” a funcionarios genera especulación con los costos del suelo.
Recordó que como el Gobierno de la Ciudad de México tiene la facultad de presentar los documentos, también los puede retirar.
Batres mencionó otros cambios que le hicieron a las iniciativas originales, una de ellas es la precisión de que solamente se estipule el suelo de conservación, que fue una demanda de los pueblos y comunidades del sur de la capital. “Los proyectos que se enviaron no tienen impacto negativo, por otro lado, cuidan mucho lo ambiental, se mantiene las mismas líneas de Suelo de Conservación y vienen un conjunto de elementos para cuidar el Suelo de Conservación, cuidar las zonas habitacionales para impedir los grandes impactos urbanos negativos”, garantizó.
La decisión que Batres tomó en el límite del plazo establecido en la constitución fue bien recibida por los aspirantes a sucederlo.
Santiago Taboada, precandidato de la alianza Va por la CDMX, dijo que la ciudad merece una planeación ordenada sin ocurrencias. “Celebro que el gobierno haya entrado en razón y retirara propuesta de PDU y PGOT que pretendían urbanizar 30 mil hectáreas de suelo de conservación”.
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Clara Brugada, precandidata de Morena, aplaudió la adhesión del tema inmobiliario. “Siempre defenderemos a capa y espada el derecho de todas las familias capitalinas a una vivienda digna y espacios públicos que forjen comunidad”.
Y Salomón Chertorivsky, precandidato de Movimiento Ciudadano, reconoció que se debe combatir la corrupción, pero insitió en rehacer por completo ambos planes porque no estaban pensados para las necesidades de la ciudad.
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