/ martes 10 de noviembre de 2020

Comerciantes van contra ley que prohíbe el ambulantaje

Están abiertos a regresar a las negociaciones con los diputados y entonces sí construir un dictamen que beneficie a la ciudadanía

Comerciantes ambulantes de la Ciudad de México amenazaron ayer con recurrir a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en caso de que el Congreso local apruebe el dictamen de la ley que regula las actividades informales, el cual afectaría a un millón 300 mil personas.

Durante una conferencia de prensa, Diana Sánchez Barrios, activista social al frente de líderes de ese gremio, aseguró que los legisladores se aprestan a aprobar hoy en fast track dicha norma, sin discusión de por medio y que plantea prohibir el comercio en el espacio público en toda la capital.

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En este sentido consideró que los diputados de la mayoría de Morena en el Poder Legislativo capitalino no están a favor del pueblo, pero sí rinden cuentas a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien busca así desaparecer el comercio popular cuando menos trabajo hay en la urbe.

Informó que la estrategia legal contra dicho ordenamiento ya está lista, que se incluye la presentación de amparos y quejas ante las instancias internacionales, sin abandonar la posibilidad de manifestarse públicamente.

Responsabilizó al legislador Norberto Nazario Sánchez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, de ser el artífice de este vaporazo, porque busca una postulación para algún cargo político en las próximas elecciones.

“Se les ha olvidado a estos legisladores que el comercio en el espacio público, es una válvula de escape a esa falta de políticas públicas para generar empleos”, recalcó Sánchez Barrios.

Aseguró que los vendedores ambulantes también quieren seguridad, calles limpias, tener acceso a la movilidad, pero al menos que se les garantice la posibilidad de trabajar por un mínimo vital.

Descartó que lo que se aprestan a aprobar los diputados recupere la esencia de su iniciativa de ley ciudadana, conocida popularmente como ley chambeando ando, porque no rescata un enfoque de derechos, ni transparencia.




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Comerciantes ambulantes de la Ciudad de México amenazaron ayer con recurrir a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en caso de que el Congreso local apruebe el dictamen de la ley que regula las actividades informales, el cual afectaría a un millón 300 mil personas.

Durante una conferencia de prensa, Diana Sánchez Barrios, activista social al frente de líderes de ese gremio, aseguró que los legisladores se aprestan a aprobar hoy en fast track dicha norma, sin discusión de por medio y que plantea prohibir el comercio en el espacio público en toda la capital.

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En este sentido consideró que los diputados de la mayoría de Morena en el Poder Legislativo capitalino no están a favor del pueblo, pero sí rinden cuentas a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien busca así desaparecer el comercio popular cuando menos trabajo hay en la urbe.

Informó que la estrategia legal contra dicho ordenamiento ya está lista, que se incluye la presentación de amparos y quejas ante las instancias internacionales, sin abandonar la posibilidad de manifestarse públicamente.

Responsabilizó al legislador Norberto Nazario Sánchez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, de ser el artífice de este vaporazo, porque busca una postulación para algún cargo político en las próximas elecciones.

“Se les ha olvidado a estos legisladores que el comercio en el espacio público, es una válvula de escape a esa falta de políticas públicas para generar empleos”, recalcó Sánchez Barrios.

Aseguró que los vendedores ambulantes también quieren seguridad, calles limpias, tener acceso a la movilidad, pero al menos que se les garantice la posibilidad de trabajar por un mínimo vital.

Descartó que lo que se aprestan a aprobar los diputados recupere la esencia de su iniciativa de ley ciudadana, conocida popularmente como ley chambeando ando, porque no rescata un enfoque de derechos, ni transparencia.




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