Sonia López, hermana de la menor Fátima asesinada en febrero de 2020, aceptó las disculpas públicas ofrecidas por Delfino Javier Zamora Cortes, y Edgar Emilio Vázquez Burguete, agentes del Ministerio Público (MP), que aceptaron no haber actuado con celeridad para iniciar la búsqueda de la menor, cuya desaparición en Tulyehualco, alcaldía Xochimilco, fue reportada ante ellos.
Sin embargo, los policías de Investigación Liliana Peña Trujillo, Ramón Ramírez Bermúdez, Oscar Valencia Juárez, Fidel Segura Rosas y Miguel Ángel Jurado Cortes, no se presentaron a hacer lo mismo, como les ordenó la autoridad judicial.
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La niña fue raptada por Giovana N al salir de su escuela, Enrique Rébsamen, de donde fue traslada al hogar de la mujer y al parecer su esposo Mario N, abusó sexualmente de ella, luego la asesinó y tiró su cuerpo en un predio de la alcaldía Tláhuac, en los límites con Tulyehualco.
Su desaparición y feminicidio levantó una ola de protesta de los pobladores de esa localidad y de grupos feministas, que bloquearon los accesos a la misma, a fin de exigir a las autoridades el castigo de los responsables de ese crimen.
Ante esto, Giovana N y Mario N escaparon de esa población y se refugiaron en Atizapán, Estado de México, donde fueron capturados y trasladados al Penal Femenil de Santa Martha y el Reclusorio Oriente, respectivamente, pero aún no han sido sentenciados.
A su vez, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM) procedió inicialmente contra cinco funcionarios de la institución, entre ellos Delfino Javier Zamora y Edgar Emilio Vázquez, agentes del MP, quienes no atendieron con prontitud a la madre de la menor y retrasaron al menos ocho horas la apertura de la Carpeta de Investigación para iniciar su búsqueda.
En el caso de los policías de Investigación, están acusados de no iniciar a tiempo la búsqueda de la menor, quien finalmente fue asesinada.
La disculpa no tuvo lugar en oficinas de la FGJCM o el Antiguo Palacio de Ayuntamiento, sino en las inmediaciones del Palacio Nacional, donde Sonia López esperó infructuosamente a que el presidente Andrés Manuel López Obrador terminara su conferencia de prensa mañanera y saliera para ofrecer también una disculpa, pero eso no ocurrió.
En cambio, sí estuvieron los dos agentes del MP involucrados, quienes, según
Ana Katiria Suárez, abogada de las víctimas, reconocieron haber sido omisos, que no integraron la carpeta de Investigación con celeridad y fueron lentos en girar los oficios a la Policía de Investigación para comenzar la localización de Fátima.
La tía de la menor aceptó las disculpas y su propósito de cambiar, pero criticó que los cinco policías de Investigación no acudieran, porque con ello vuelven a mostrar la conducta que tuvieron durante los días de la búsqueda de Fátima, el desinterés, la falta de empatía y de congruencia como servidores públicos.
Agregó que desde el inicio nunca se les han abierto las puertas, “porque la única ocasión en la que tuvimos contacto o atención por parte de este gobierno fue el día que se nos entregó el cuerpo, a partir de ahí todo ha sido pelear contra las autoridades para que podamos obtener justicia, lo dificulta más”.
Informó que tras la muerte de la menor, ella y su hermano dieron con otros dos agresores sexuales, que ya están vinculados a proceso y son José Luis N, padre de la menor y su compadre Álvaro N, quien además es amigo de Mario N y Giovana N, que son los dos feminicidas.
Los dos sujetos, aseguró la tía de Fátima, son abusadores sexuales de menores, entre ellos el hermano de la menor asesinada.
En el caso de los cinco policías de Investigación que no se presentaron, Ana Katiria Suárez Castro, abogada de los familiares de la víctima, descartó que tengan una nueva oportunidad para ofrecer una disculpa, por lo que demandará los separen de su cargo y les sea aplicada la sentencia condenatoria correspondiente, pero reconoció que es un delito que no amerita prisión.
“Vamos a ver en la siguiente audiencia cómo se devela la resolución del juez, dado que tenemos que dar cumplimiento a lo ordenado por el juzgador y ahora nos toca acudir a la próxima audiencia y hacerle saber al juez que cinco servidores públicos se burlaron de él y se burlaron nuevamente de la familia”, planteó.
Dio a conocer que los funcionarios públicos involucrados solicitaron a las víctimas la suspensión del proceso tras de que dieran una disculpa pública, elaborarán protocolos de actuación, derivados de la asistencia a talleres que les exigieron tomar.
Finalmente, la abogada consideró que los agentes del MP, que participaron en los cursos, reconocieron que su error había generado dolor, que la víctima indirecta merecía una disculpa y con ello inicia una reparación psicoemocional.
