Las propiedades que el cártel inmobiliario, integrado por exfuncionarios capitalinos, posee a cambio de autorizar obras, se expanden por Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Huixquilucan, Estado de México. La Fiscalía capitalina ya revisó 41 y aún le faltan.
Entre 2006 y 2018, funcionarios de la entonces delegación Benito Juárez amasaron ilícitamente una fortuna con el intercambio de favores a compañías constructoras y extorsiones a empresarios.
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La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México busca al menos a dos de ellos y alude que sus jefes inmediatos y otras personas con alto nivel jerárquico, tanto de la demarcación como del partido político en que militan, pudieron beneficiarse económica y políticamente.
Ulises Lara López, vocero de la institución, afirmó ayer que su investigación cuenta con datos de prueba sólidos y fundamentos concretos. Hasta el momento han cateado 41 inmuebles en cinco alcaldías en los que se ha recabado información que fortalece la indagatoria y colabora con el Estado de México pues prevé revisar ahí otras propiedades.
Durante un mensaje a medios en el que también salió al paso a las críticas expresadas por el Partido Acción Nacional (PAN), en el sentido de que las autoridades hacen un uso político del llamado caso Cartel Inmobiliario en Benito Juárez, respondió que todas las revisiones tienen el aval del Poder Judicial local.
El partido denunció que el gobierno de Morena en la Ciudad de México hace un uso faccioso de las instituciones encargadas de la procuración de justicia ante la desesperación de saber que perderán la ciudad en el próximo proceso electoral del 2024.
A juicio exdirector Jurídico y de Gobierno
Luis N, exdirector Jurídico y de Gobierno de la alcaldía Benito Juárez, irá a juicio bajo el cargo de enriquecimiento ilícito, luego de que la Fiscalía local aportó los datos necesarios para demostrar su probable responsabilidad.
En cuanto a Nicias N, exdirector general de Obras y Desarrollo Urbano, quien solicitó un amparo ante un juez federal, Lara López informó que el Ministerio Público presentará sus argumentos para demostrar que tiene los datos de prueba necesarios, a fin de acusar a ese también exfuncionario de la alcaldía Benito Juárez.
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Agregó que el objetivo es llevar al exdirector general de Obras, con todas las garantías que la Constitución establece, ante un juez de control que será quien determine si existe o no la probable participación de dicho individuo en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito.
“Esta investigación continuará hasta sus últimas consecuencias, como autoridad que procura justicia no podemos permitir que servidores o ex servidores públicos se enriquezcan a costa del erario público”, concluyó el vocero de la fiscalía.
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