/ sábado 3 de julio de 2021

Crece número de quejas contra Presidencia por opacidad

El Inai reporta un incremento de 221% en los reclamos porque la Oficina del Ejecutivo no da la información que le solicitan

Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las quejas de ciudadanos que solicitaron información a la Presidencia de la República y que no recibieron respuesta se incrementaron en 221 por ciento, en comparación con los últimos tres años del sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el organismo autónomo encargado de revisar estas quejas, lo anterior se debe principalmente a que la Oficina de la Presidencia de la República se negó a entregar la información solicitada, la reservó o remitió la petición a otras dependencias de la administración.

El Inai recibió 251 quejas entre 2016 y 2018. Mientras, de enero de 2019 al 22 de abril de 2021 la cifra aumentó a 806.

De acuerdo con el Inai, las solicitudes de información también aumentaron, de cuatro mil 43 durante los últimos tres años del sexenio de Enrique Peña Nieto a seis mil 151 en lo que va de la actual administración.

Sin embargo, este incremento en las peticiones, de 52 por ciento, es mucho menor al crecimiento de 221 por ciento en los reclamos de los ciudadanos por la opacidad de la Presidencia.

Para Fernando Nieto Morales, profesor investigador en el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, una hipótesis que explica este patrón es que “a menor calidad de respuesta, mayor número de quejas”.

“Súmale a eso, además, que en este Gobierno ha habido una dinámica de comunicar ciertas cosas de manera cotidiana que no siempre encuentran respaldo en los archivos gubernamentales.

Me refiero básicamente a las mañaneras del Presidente”, dijo el especialista en corrupción y patologías burocráticas en entrevista con El Sol de México.

En los últimos años de la administración pasada, el número de quejas vino a la baja, al pasar de 101 en 2016 a 63 en 2018. Pero tras el cambio en el Ejecutivo federal se dispararon las solicitudes al llegar a 526 en 2019, para descender el año pasado a 200. En los primeros cuatro meses de este año van 80.

Esta cifra de quejas, en palabras de Nieto Morales, se explica en gran medida porque la gente no está encontrando la información en portales de transparencia proactiva como gob.mx o el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), lo que consideró como contradictorio, tomando en cuenta que el presidente López Obrador ha definido a su administración como el “gobierno más transparente de la historia”.

Este argumento ha llevado al mandatario mexicano a expresar en reiteradas ocasiones su intención de desaparecer al Inai, tal como lo dijo en su conferencia matutina del pasado 24 de junio.

En otra ocasión, el 8 de enero de 2021, dijo que para garantizar la transparencia en su administración las solicitudes de información se entregarían en 72 horas.

“Fast track, así, rápido, que se esté obligado a en 72 horas entregar la información, que no haya reservas, transparencia completa y que el funcionario que no entregue en tiempo sea sancionado”, respondió López Obrador a la pregunta de cómo los ciudadanos y periodistas podrían acceder a la información si desaparecía el Inai.

Nieto Morales consideró que en las condiciones actuales eliminar sin más organismos como el Inai “implicaría renunciar a las pocas salvaguardas institucionales que tenemos a favor de nuestro derecho de acceso a la información y, en cambio, abre la puerta a mayor discrecionalidad y una regresión histórica. El problema radica en que no necesariamente están actualizando los mecanismos (de transparencia), no están respondiendo a las solicitudes y cuando se responde en muchos casos no es satisfactoria la respuesta (...) Cuando se responde esa información o bien está incompleta o se declara inexistente”, dijo el especialista.

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Justine Dupuy, coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, refirió que ese “uso más sistemático de excepciones para no responder” se ha notado de manera casi general en todas las dependencias del gobierno. “Lo que hemos visto es también (que) las principales vías para negar la información es también el uso de la declaratoria de inexistencia de la información y también la declaratoria de incompetencia”, dijo a El Sol de México.

Nieto Morales comentó que hace falta fortalecer la coordinación con el Gobierno federal, hacer un diagnóstico más puntual de cuáles son las necesidades de información de la población, transitar en el Gobierno federal a una política de transparencia mucho más proactiva donde se fortalezcan los sistemas de transparencia y, sobre todo, donde se esté cargando la información.

Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las quejas de ciudadanos que solicitaron información a la Presidencia de la República y que no recibieron respuesta se incrementaron en 221 por ciento, en comparación con los últimos tres años del sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el organismo autónomo encargado de revisar estas quejas, lo anterior se debe principalmente a que la Oficina de la Presidencia de la República se negó a entregar la información solicitada, la reservó o remitió la petición a otras dependencias de la administración.

El Inai recibió 251 quejas entre 2016 y 2018. Mientras, de enero de 2019 al 22 de abril de 2021 la cifra aumentó a 806.

De acuerdo con el Inai, las solicitudes de información también aumentaron, de cuatro mil 43 durante los últimos tres años del sexenio de Enrique Peña Nieto a seis mil 151 en lo que va de la actual administración.

Sin embargo, este incremento en las peticiones, de 52 por ciento, es mucho menor al crecimiento de 221 por ciento en los reclamos de los ciudadanos por la opacidad de la Presidencia.

Para Fernando Nieto Morales, profesor investigador en el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, una hipótesis que explica este patrón es que “a menor calidad de respuesta, mayor número de quejas”.

“Súmale a eso, además, que en este Gobierno ha habido una dinámica de comunicar ciertas cosas de manera cotidiana que no siempre encuentran respaldo en los archivos gubernamentales.

Me refiero básicamente a las mañaneras del Presidente”, dijo el especialista en corrupción y patologías burocráticas en entrevista con El Sol de México.

En los últimos años de la administración pasada, el número de quejas vino a la baja, al pasar de 101 en 2016 a 63 en 2018. Pero tras el cambio en el Ejecutivo federal se dispararon las solicitudes al llegar a 526 en 2019, para descender el año pasado a 200. En los primeros cuatro meses de este año van 80.

Esta cifra de quejas, en palabras de Nieto Morales, se explica en gran medida porque la gente no está encontrando la información en portales de transparencia proactiva como gob.mx o el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), lo que consideró como contradictorio, tomando en cuenta que el presidente López Obrador ha definido a su administración como el “gobierno más transparente de la historia”.

Este argumento ha llevado al mandatario mexicano a expresar en reiteradas ocasiones su intención de desaparecer al Inai, tal como lo dijo en su conferencia matutina del pasado 24 de junio.

En otra ocasión, el 8 de enero de 2021, dijo que para garantizar la transparencia en su administración las solicitudes de información se entregarían en 72 horas.

“Fast track, así, rápido, que se esté obligado a en 72 horas entregar la información, que no haya reservas, transparencia completa y que el funcionario que no entregue en tiempo sea sancionado”, respondió López Obrador a la pregunta de cómo los ciudadanos y periodistas podrían acceder a la información si desaparecía el Inai.

Nieto Morales consideró que en las condiciones actuales eliminar sin más organismos como el Inai “implicaría renunciar a las pocas salvaguardas institucionales que tenemos a favor de nuestro derecho de acceso a la información y, en cambio, abre la puerta a mayor discrecionalidad y una regresión histórica. El problema radica en que no necesariamente están actualizando los mecanismos (de transparencia), no están respondiendo a las solicitudes y cuando se responde en muchos casos no es satisfactoria la respuesta (...) Cuando se responde esa información o bien está incompleta o se declara inexistente”, dijo el especialista.

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