El proceso penal que ahora enfrentará el novio de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio será por feminicidio agravado, y no homicidio simple, como se llevaba hasta el pasado 9 de abril.

Jorge Luis González Hernández privó de la vida a Lesvy el 3 de mayo de 2017, estrangulándola con un cable de teléfono de una caseta dentro de Ciudad Universitaria.

"El feminicidio agravado resulta de la relación de confianza, de noviazgo, del vínculo afectuoso de Lesvy hacia su pareja", explicó, en conferencia de prensa, Sayuri Herrera, abogada de la familia de Lesvy.

Detalló que esta reconfiguración del delito contra Jorge Luis Dávila fue posible al trabajo de más de mil 300 personas que coadyuvaron en la presión, a través de una carta, para que al juez Alfonso Dávila siguiera con perspectiva de género este caso.

Además de que magistrados de la Quinta Sala Penal del Tribunal ordenaron a la Procuraduría General de Justicia (PGJCDMX) realizar diversas diligencias que eran importantes seguir, pues omitió incluso llevar a cabo pesquisas bajo protocolos nacionales e internacionales.

Tras esta conferencia, Araceli Osorio, madre de Lesvy, de 22 años, dijo que hay un paso importante para el castigo contra Jorge Luis, pues de ser declarado culpable de feminicidio agravado se le impondrían 60 años de prisión, la máxima pena que se aplica en el país.

"El próximo 9 de mayo se realizará una audiencia, se entra en la etapa de juicio para resolver el castigo. Sin embargo, él tiene cuatro defensores de oficio y ahí sabremos qué elementos se defensa presentará Jorge Luis."

La madre de Lesvy espera que él se declare culpable para acotar el tiempo en el que se le dicte sentencia.

Al preguntarle sobre si la pena sería suficiente para la reparación del daño, Araceli Osorio comentó que confían -su familia y su abogados- en que la Comisión de Derechos Humanos local (CDHCDMX) emita una recomendación contra las deficiencias en el trabajo de investigación de la Procuraduría capitalina.

Además de que próximamente se pronunciarán contra servidores y funcionarios públicos, uno de estos los del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) por no practicar necropsias con perspectiva de género.