Por primera vez en la Ciudad de México, personas privadas de su libertad, hombres y mujeres, participarán en la consulta del presupuesto participativo, a través de la proposición de proyectos vecinales que podrán ser votados este año.
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Se trata de un programa piloto realizado por el Centro de Estudios y Acción (CEA) por la Justicia Social, mediante el cual buscan devolverle sus derechos políticos a quienes se encuentran en prisión preventiva, es decir, que aun no tienen sentencia por la comisión de algún delito y, por lo tanto, están en reclusión como medida cautelar durante el tiempo que duren sus juicios.
Valentina Lloret, fundadora de CEA Justicia, explicó que el programa consiste en preparar a un grupo de 47 personas privadas de su libertad (26 hombres del Reclusorio Sur y 21 mujeres de Santa Martha Acatitla), para que, a través de la Ley de Participación Ciudadana, conozcan cómo pueden proponer proyectos vecinales que, si pasan todos los filtros correspondientes, serían sometidos a votación en la Consulta de Presupuesto Participativo, a realizarse en mayo de este año.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México organiza este año la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo de 2023 y 2024, en la que los capitalinos deciden cómo y en qué se gasta el dinero que otorga el Gobierno de la Ciudad de México a las alcaldías para proyectos que requieren los vecinos en sus colonias.
Hasta el momento, las personas en prisión preventiva han presentado 40 propuestas para mejoras en sus colonias. Posteriormente, las propuestas pasarán por los órganos dictaminadores de sus alcaldías de origen, donde revisarán su viabilidad técnica.
En entrevista con El Sol de México, la activista expuso que la organización realizó dos pruebas piloto de procesos de votaciones en centros penitenciarios federales, como parte del observatorio electoral “Libres para elegir”, en el que participan otras asociaciones como Documenta, Artículo 19 AC y Colectiva Artículo 20, entre otras. Durante el proceso consideraron la posibilidad de hacer ejercicios de elección en la Ciudad de México, ya que es la segunda entidad con el mayor número de personas privadas de su libertad.
“En la Ciudad de México no hay elecciones intermedias, antes del 2024, pero resulta que en la ciudad tenemos un instrumento sumamente útil que es la Ley de Participación Ciudadana, que tiene diversos mecanismos, uno de los cuales es el presupuesto participativo. Es así como nos acercamos al Instituto Electoral de la Ciudad de México, en donde tuvimos una recepción bastante buena sobre el tema y se empezó a contemplar la posibilidad de llevar a cabo este ejercicio”, detalló.
CEA Justicia Social firmó un convenio con las dependencias involucradas en el ejercicio de los derechos políticos de las personas en prisión preventiva, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana local,el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y el IECM, para realizar pláticas informativas y capacitaciones en las que les mostraron a 26 hombres y 21 mujeres cómo formular sus propuestas de proyectos.
Bernardo Valle, consejero del IECM, explicó a este diario que derivado de un juicio para la protección de los derechos político electorales promovido por dos personas indígenas en Chiapas durante 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que en 2021, los estados tuvieran programas piloto para que las personas en prisión preventiva puedan ejercer su voto.Con ese antecedente, el IECM determinó que la participación ciudadana ocurriera no solo para la elección de autoridades locales y federales, sino también en los instrumentos de participación ciudadana.
“Se les dio una plática sobre sus derechos y se les capacitó para el registro del proyecto. De la población con la que tuvimos acceso y tuvimos la plática, la mayor parte de ellos era de Iztapalapa, seguía Azcapotzalco y después de Miguel Hidalgo, pero eran de varias alcaldías. Se les explicó el mecanismo de la consulta ciudadana de presupuesto participativo, varios la conocían, y nos dio mucha satisfacción el interés de estas personas por registrar proyectos en las colonias o pueblos de donde son originarios”, añadió.
El consejero del IECM señaló que muchos de los proyectos propuestos por las personas privadas de su libertad tienen que ver con recuperación de espacios, en beneficio de sus comunidades.
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Para llevar a cabo la jornada de elección de proyectos, el gobierno local pondrá a disposición del instituto electoral el uso temporal y gratuito de espacios para colocar cárteles, facilitar el reparto de volantes, a fin de invitar a los ciudadanos a participar en esa jornada. Locatel orientará a la ciudadanía hasta el 7 de mayo sobre la consulta y apoyará en la información de la ubicación de las Mesas Receptoras de Opinión en las páginas de Internet del Gobierno de la Ciudad de México.El día de la elección proporcionará unidades de emergencias médicas y de protección civil; mientras que patrullas dela Secretaría de Seguridad Ciudadana custodiarán los materiales electorales y vigilarán las inmediaciones de las mesas.
