Las manifestaciones como las del fin de semana pasado en defensade la familia y contra los matrimonios igualitarios tienen unfuerte mensaje de intolerancia y son peligrosos porque abonan a laconfrontación y es el primer paso para situaciones de muchaviolencia, advirtió Mariclaire Acosta Urquidi, presidenta delConsejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
“Este llamado a excluir a los otros porque no son como yo esmuy peligroso, es el primer paso para situaciones de muchaviolencia y de negar la humanidad del otro porque no es como yo.Eso no lo podemos permitir y menos en un estado laico”,externó.
En entrevista, manifestó su preocupación por estas marchas alas que están llamando las diversas iglesias, principalmente lacatólica, porque pueden llegar a comentar el odio hacia lapoblación de la diversidad sexual y de género y de excluirlas alderecho de formar un matrimonio y una familia como lo establece ladeclaración universal de los derechos humanos.
El alcance de estas manifestaciones va más allá delcuestionamiento de la diversidad sexual y de género en nuestropaís, sino que cuestionan directamente el principio de igualdad yno discriminación. Cuestionan además el estado laico.
“Yo creo firmemente que todos somos libres, tenemos libertadde creencias en nuestro país, pero lo que no podemos hacer esimponerle nuestras creencias a otros”, externó.
Mariclaire Acosta, dijo que la Conapred reitera su llamado a laslegisladoras y legisladores del Congreso de la Unión para queavancen en el reconocimiento de los derechos humanos de lapoblación LGDTI en todo el país y esté en línea con elprincipio de igualdad y no discriminación establecido por laConstitución y con la jurisprudencia emitida por la Suprema Cortede Justicia de la Nación (SCJN) sobre los matrimoniosigualitarios.
Insistió que el exhorto a las legisladoras y los legisladoreses que avancen en la iniciativa del Ejecutivo y no se congele en elCongreso para que se dé el reconocimiento y protección de losderechos de este grupo de la población.
La presidenta de la Asamblea Consultiva de Conapred reiteró quelas movilizaciones del pasado fin de semana en defensa de lafamilia tradicional y en contra de los matrimonios igualitarios,buscan quitarle derechos a un sector o grupo muy importante de lapoblación de nuestro país. “Son marchas que quieren negarle laigualdad de derechos a las personas que tienen una orientaciónsexual distinta a la que se considera normal”, externó.
Además, añadió, estas marchas pretenden desconocer lo que yaes un hecho jurídico, la jurisprudencia emitida por la SupremaCorte de Justicia de la Nación, que reconoce los matrimoniosigualitarios.
Aseveró que la iniciativa de ley que el Ejecutivo federalenvió al Congreso sobre los matrimonios igualitarios está enlínea con el principio de igual y no discriminación establecidopor el artículo primero Constitucional, con todos los compromisosinternacionales asumidos por nuestro país.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el pasado9 de septiembre, emitió un pronunciamiento sobre los matrimoniosigualitarios en el que se refiere a la jurisprudencia de la SupremaCorte de Justicia de la Nación y la posición de la ComisiónNacional de los Derechos Humanos sobre el particular, recordóMariclaire Acosta.
Desde el 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasentado jurisprudencia, dejando claro que el Estado mexicano noreconoce un solo tipo de familia en particular o un “modelo defamilia ideal”, sino que lo que protege es a la familia comorealidad social, incluyendo en ella a todas las formas ymanifestaciones que de la familia existen en la sociedad.
Entre las que se encuentran, las familias nucleares compuestaspor padres y madres, e hijas e hijos (biológicos o adoptivos)constituidas mediante el matrimonio o uniones de hecho; familiasmonoparentales compuestas por un padre o una madre e hijas e hijos;familias extensas o consanguíneas que se extienden a variasgeneraciones, incluyendo ascendientes, descendientes y parientescolaterales, y también familias homoparentales o lesbomaternalesintegradas por padres o madres con la posibilidad de tener hijos ehijas (biológicos o adoptivos) o no tenerlos.
El reconocimiento a los diversos tipos de familias que ha hechoel máximo tribunal en México, encuentra su fundamento en elprincipio de que todas las personas somos libres e iguales enderechos y dignidad. Libres para determinar a quién amar y conquien compartir la vida. E iguales en dignidad para tener elderecho a formar una familia y que sea protegida por el Estado, talcomo lo mandatan los artículos primero y cuarto constitucionales yprimero y 17 de la Convención Americana sobre DerechosHumanos.
De acuerdo con la tesis de jurisprudencia (1ª./J.46/2015) de laSuprema Corte de Justicia de la Nación, las parejas homosexualestienen el mismo derecho a contraer matrimonio que las parejasheterosexuales. No reconocerlo, de acuerdo con la Corte,implicaría una ofensa a su dignidad y a su integridad. Por suparte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en suRecomendación General No. 23, señala que el matrimonio es unaforma de convivencia susceptible de cambiar social y jurídicamentey que su acceso no puede estar condicionado por la orientaciónsexual.
Menciona que las premisas anteriores constituyen el fundamentode las dos iniciativas del Ejecutivo Federal presentadas el pasado17 de mayo –Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia enMéxico- ante el Congreso de la Unión, con el propósito dereformar la Constitución y al Código Civil Federal, a fin dereconocer el derecho a contraer matrimonio sin discriminación pormotivos de origen étnico o nacional, género, discapacidades,condición social, condiciones de salud, religión, preferenciassexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Elmatrimonio es una forma, entre otras, de constituir unafamilia.
“A partir de entonces y hasta ahora, han surgido diversasvoces que con base en creencias e ideologías –algunas de índolereligioso- demandan el reconocimiento de un modelo único defamilia. Si bien es cierto que quienes han expresado estaconvicción tienen derecho a expresar libremente sus ideas yconservar sus creencias -en este caso su doctrina religiosa como loreconocen los artículos sexto y 24 de la Constitución Federal, 12y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, tambiénes cierto que en un Estado laico y democrático no es aceptable laimposición de ideología o creencia alguna por encima delreconocimiento de los derechos humanos”, establece elpronunciamiento de la Conapred.
“En este sentido, la prevalencia del criterio de la SupremaCorte de Justicia de la Nación (SCJN) nos lleva a sostener einsistir en que no existe un solo tipo de familia a la que elEstado mexicano esté obligado a proteger, sino que la obligaciónde reconocimiento y protección abarca a todas las familias queexisten como realidad social”, aseveró.
