/ sábado 10 de octubre de 2015

Zonas Económicas Especiales, la gran apuesta del sexenio

Nidia Marín / El Sol de México

Primera de dos partes

¿Una ‘bala de plata’ contra la pobreza serán las Zonas Económicas Estratégicas? No, mientras no se atiendan carencias en variables estructurales: establecimiento de un Estado de Derecho, seguridad, capital humano y productividad laboral.

“La respuesta del Gobierno federal ante estos retos determinará si la creación e impulso de las ZEE será un proyecto económico de largo plazo o se quedará únicamente como un proyecto de corte político que puede generar dividendos hacia 2018”.

Este es uno de los planteamientos de un Think tank independiente y sin fines de lucro, el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC); institución que en su análisis de coyuntura advierte que ofrecer incentivos fiscales puede hacer despegar a una zona “pero no será suficiente para garantizar su viabilidad a largo plazo”.

A su juicio, para lograr el crecimiento sostenido y, sobre todo, para transitar de un modelo de crecimiento enfocado únicamente en lo “hecho en México” hacia lo “diseñado en México” e “inventado en México” -y que propicie no solo las ganancias vía inversión y producción, sino por medio de transferencia de tecnología y agregación de valor-”, los requerimientos son los antes mencionados.

Para la institución, es evidente que el establecimiento de las Zonas Económicas Estratégicas es la gran apuesta económica del Gobierno federal para el resto del sexenio “y si bien éstas suelen ser una alternativa para detonar el crecimiento económico de las regiones, es importante tener en cuenta que crecimiento no equivale a desarrollo económico sostenible”.

En el documento denominado “Zonas Económicas Estratégicas: riesgos y limitantes para revitalizar el crecimiento económico”, el CIDAC recuerda que la semana pasada se presentó la iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas Estratégicas (ZEE) la cual, conforme al texto de la ley, expone el objetivo de transformar áreas históricamente rezagadas en el ámbito económico en regiones altamente productivas, a través del establecimiento de reglas de comercio e inversión diferenciadas.

Alude, además, a las tres regiones planteadas para convertirse en Zonas Económicas: el corredor industrial inter-oceánico del Istmo de Tehuantepec, municipios colindantes al Puerto Lázaro Cárdenas y Puerto Chiapas. Además, señala las seis entidades que se incluirán en este esquema (Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco), varios de los cuales, efectivamente, son las entidades más atrasadas de la República.

Otra cuestión que resalta es la motivación de la iniciativa. “No es espontánea”, dice, y al exponer el por qué, hace notar que la primera mención de las ZEE por parte del Gobierno federal se dio a finales de 2014, con el decálogo presentado por el presidente Peña Nieto tras los sucesos de Ayotzinapa.

“La idea encuentra su fundamento legal en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la introducción del concepto de “competitividad” al texto constitucional, así como con la estrategia transversal de “Democratizar la Productividad” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Además, la creación de estas zonas significa la apuesta nacional en el marco del desafío que representa la competencia comercial de la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica”, apunta.

En este sentido, agrega, la iniciativa tiene el propósito de establecer las bases de la política industrial que contribuyan a la integración de los procesos de innovación a los nuevos flujos comerciales hacia el mercado asiático.

No obstante, precisa el documento, la aprobación de la ley y la creación de las ZEE “serán insuficientes para detonar el crecimiento y, especialmente el desarrollo económico y social de estas regiones, si no se atienden sus problemas históricos estructurales, cuya resolución es esencial para el desarrollo industrial de cualquier área geográfica”.

La certidumbre en tela de juicio

El CIDAC desglosa lo relativo al Estado de Derecho y a la seguridad, al exponer en el primer caso uno de sus aspectos esenciales: el marco regulatorio de las regiones, debido a que será el que determinará la certidumbre de los inversionistas cuando se establezcan.

Dicho lo anterior, menciona el ranking de “Doing Business 2014” del Banco Mundial. Así, de las seis entidades contempladas dentro de las ZEE propuestas, “solo Chiapas se encuentra entre las 10 con mejores prácticas regulatorias a nivel nacional”.

Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Michoacán son otra cuestión. Ocupan las posiciones 29, 24, 15, 13 y 12, respectivamente. Ejemplifican: “… en términos del cumplimiento de contratos -una característica particularmente importante en estas regiones proclives a las disputas comerciales- Guerrero ocupa el lugar 28 y Oaxaca la posición número 29”.

Lo explican: a las dos entidades les toma en promedio 369 días resolver un conflicto comercial, 1.44 veces más que a Nuevo León o Sinaloa, aseguran.

Un reto más en tal rubro es que el marco regulatorio genere condiciones propicias, no solo para la atracción de grandes capitales propios de las llamadas “empresas ancla”, sino también para pequeñas y medianas empresas aptas para el desarrollo de encadenamientos productivos que consoliden el desarrollo de industrias dentro del país.

Los investigadores ingresan también a uno de los temas más debatidos y delicados: la seguridad, materia en la cual “la situación de los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad 2015 (Envipe 2015), cuentan con tasas de incidencia delictiva altas”.

Agregan: “…la violencia e inseguridad son problemas que están lejos de estar resueltos y dificultan la capacidad de producir y transportar bienes dentro de estas nuevas ZEE. La presencia de grupos del crimen organizado y las altas tasas de criminalidad representan costos que no necesariamente se verán compensados por los beneficios fiscales y de inversión dentro de las ZEE”.

En los reglones de capital humano y productividad laboral, tales entidades tampoco las traen todas consigo. El CIDAC lo plantea así:

“La iniciativa de ZEE prevé facilidades en términos de capital humano. Ejemplo de ello es la capacidad de establecer sus propias políticas educativas y curriculares en todos los niveles educativos -previa aprobación de la Comisión Federal Reguladora de las Zonas Económicas Estratégicas- o la determinación de asignar el 20 por ciento de un fideicomiso especial, conformado en su mayoría de la recaudación estatal, a un fondo para programas de desarrollo de capital humano. Si bien, dichas disposiciones apuntan al desarrollo de más y mejor capital humano en la región en el mediano y largo plazo, hay que analizar con cautela el estado actual del mismo que, en teoría, sostendrá la actividad productiva de la inversión esperada en los primeros años de las ZEE”.

En este renglón, añade, para los estados de las ZEE, en promedio, únicamente el 19.7  por ciento de su población tiene la secundaria completa y solo el 11 por ciento cuenta con un título profesional. Esto contrasta, por ejemplo, con el caso de Nuevo León que tiene el 29 y 20 por ciento, respectivamente. Es decir, la falta de mano de obra mediana y altamente calificada será un desafío que deberá superarse para garantizar que las empresas puedan encontrar y atraer el capital humano necesario para su actividad.

Al considerar que en términos de productividad laboral el promedio nacional “no es muy positivo a la luz de los estándares internacionales”, refuerzan su planteamiento con “el hecho de que tres de las seis entidades federativas de las ZEE (Michoacán, Oaxaca y Guerrero), estén en los últimos lugares a nivel nacional”, lo cual califican como es preocupante. La disparidad entre las entidades

La importancia de la disparidad que existe entre las entidades de las zonas, también es puntualizada, porque “siempre podría existir el riesgo de promover la migración interestatal y que no se detone el desarrollo del capital humano local”.

Mencionan un ejemplo: de acuerdo con los Censos Económicos 2014, “un veracruzano produce cinco veces lo que un guerrerense y cuatro veces lo que un michoacano. Por su parte, un trabajador de Chiapas puede producir poco más de dos veces lo que un trabajador oaxaqueño”.

No es todo, porque aluden a datos del INEGI muy indicativos, ya que para el primer trimestre de 2015, las regiones cuentan con una tasa de informalidad superior al promedio nacional. “En Chiapas la informalidad laboral es del 79.2 por ciento, en Michoacán del 71.1 por ciento, en Oaxaca del 80.4 por ciento, en Guerrero del 78.7 por ciento, en Tabasco del 61.4 por ciento y en Veracruz del 68.8”.

Tales cifras “demuestran cómo la mayoría de la mano de obra no considera el trabajo formal como una opción viable para obtener un ingreso -tal vez por la escasez de ofertas atractivas en el sector formal o porque los beneficios del mercado informal son mayores-. En virtud de ello, las nuevas inversiones deberán de ser capaces de incorporar mano de obra del mercado informal a esquemas laborales estructurados y atados a una lógica de incorporación a la población formal”.

De acuerdo con la iniciativa, el objetivo de las Zonas Económicas Estratégicas es: el progreso de la región, el impulso al desarrollo socioeconómico y el mejoramiento de la calidad de vida; el aumento de la competitividad y la productividad a través de la integración inter industrial y comercial; el crecimiento de la inversión nacional y extranjera directa; el crecimiento de las fuentes de empleo con salarios bien remunerados; el desarrollo de nuevas industrias en el país mediante la asimilación de tecnologías de avanzada y el progreso de las regiones de menor desarrollo del país.

(Continuará)

Nidia Marín / El Sol de México

Primera de dos partes

¿Una ‘bala de plata’ contra la pobreza serán las Zonas Económicas Estratégicas? No, mientras no se atiendan carencias en variables estructurales: establecimiento de un Estado de Derecho, seguridad, capital humano y productividad laboral.

“La respuesta del Gobierno federal ante estos retos determinará si la creación e impulso de las ZEE será un proyecto económico de largo plazo o se quedará únicamente como un proyecto de corte político que puede generar dividendos hacia 2018”.

Este es uno de los planteamientos de un Think tank independiente y sin fines de lucro, el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC); institución que en su análisis de coyuntura advierte que ofrecer incentivos fiscales puede hacer despegar a una zona “pero no será suficiente para garantizar su viabilidad a largo plazo”.

A su juicio, para lograr el crecimiento sostenido y, sobre todo, para transitar de un modelo de crecimiento enfocado únicamente en lo “hecho en México” hacia lo “diseñado en México” e “inventado en México” -y que propicie no solo las ganancias vía inversión y producción, sino por medio de transferencia de tecnología y agregación de valor-”, los requerimientos son los antes mencionados.

Para la institución, es evidente que el establecimiento de las Zonas Económicas Estratégicas es la gran apuesta económica del Gobierno federal para el resto del sexenio “y si bien éstas suelen ser una alternativa para detonar el crecimiento económico de las regiones, es importante tener en cuenta que crecimiento no equivale a desarrollo económico sostenible”.

En el documento denominado “Zonas Económicas Estratégicas: riesgos y limitantes para revitalizar el crecimiento económico”, el CIDAC recuerda que la semana pasada se presentó la iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas Estratégicas (ZEE) la cual, conforme al texto de la ley, expone el objetivo de transformar áreas históricamente rezagadas en el ámbito económico en regiones altamente productivas, a través del establecimiento de reglas de comercio e inversión diferenciadas.

Alude, además, a las tres regiones planteadas para convertirse en Zonas Económicas: el corredor industrial inter-oceánico del Istmo de Tehuantepec, municipios colindantes al Puerto Lázaro Cárdenas y Puerto Chiapas. Además, señala las seis entidades que se incluirán en este esquema (Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco), varios de los cuales, efectivamente, son las entidades más atrasadas de la República.

Otra cuestión que resalta es la motivación de la iniciativa. “No es espontánea”, dice, y al exponer el por qué, hace notar que la primera mención de las ZEE por parte del Gobierno federal se dio a finales de 2014, con el decálogo presentado por el presidente Peña Nieto tras los sucesos de Ayotzinapa.

“La idea encuentra su fundamento legal en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la introducción del concepto de “competitividad” al texto constitucional, así como con la estrategia transversal de “Democratizar la Productividad” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Además, la creación de estas zonas significa la apuesta nacional en el marco del desafío que representa la competencia comercial de la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica”, apunta.

En este sentido, agrega, la iniciativa tiene el propósito de establecer las bases de la política industrial que contribuyan a la integración de los procesos de innovación a los nuevos flujos comerciales hacia el mercado asiático.

No obstante, precisa el documento, la aprobación de la ley y la creación de las ZEE “serán insuficientes para detonar el crecimiento y, especialmente el desarrollo económico y social de estas regiones, si no se atienden sus problemas históricos estructurales, cuya resolución es esencial para el desarrollo industrial de cualquier área geográfica”.

La certidumbre en tela de juicio

El CIDAC desglosa lo relativo al Estado de Derecho y a la seguridad, al exponer en el primer caso uno de sus aspectos esenciales: el marco regulatorio de las regiones, debido a que será el que determinará la certidumbre de los inversionistas cuando se establezcan.

Dicho lo anterior, menciona el ranking de “Doing Business 2014” del Banco Mundial. Así, de las seis entidades contempladas dentro de las ZEE propuestas, “solo Chiapas se encuentra entre las 10 con mejores prácticas regulatorias a nivel nacional”.

Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Michoacán son otra cuestión. Ocupan las posiciones 29, 24, 15, 13 y 12, respectivamente. Ejemplifican: “… en términos del cumplimiento de contratos -una característica particularmente importante en estas regiones proclives a las disputas comerciales- Guerrero ocupa el lugar 28 y Oaxaca la posición número 29”.

Lo explican: a las dos entidades les toma en promedio 369 días resolver un conflicto comercial, 1.44 veces más que a Nuevo León o Sinaloa, aseguran.

Un reto más en tal rubro es que el marco regulatorio genere condiciones propicias, no solo para la atracción de grandes capitales propios de las llamadas “empresas ancla”, sino también para pequeñas y medianas empresas aptas para el desarrollo de encadenamientos productivos que consoliden el desarrollo de industrias dentro del país.

Los investigadores ingresan también a uno de los temas más debatidos y delicados: la seguridad, materia en la cual “la situación de los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad 2015 (Envipe 2015), cuentan con tasas de incidencia delictiva altas”.

Agregan: “…la violencia e inseguridad son problemas que están lejos de estar resueltos y dificultan la capacidad de producir y transportar bienes dentro de estas nuevas ZEE. La presencia de grupos del crimen organizado y las altas tasas de criminalidad representan costos que no necesariamente se verán compensados por los beneficios fiscales y de inversión dentro de las ZEE”.

En los reglones de capital humano y productividad laboral, tales entidades tampoco las traen todas consigo. El CIDAC lo plantea así:

“La iniciativa de ZEE prevé facilidades en términos de capital humano. Ejemplo de ello es la capacidad de establecer sus propias políticas educativas y curriculares en todos los niveles educativos -previa aprobación de la Comisión Federal Reguladora de las Zonas Económicas Estratégicas- o la determinación de asignar el 20 por ciento de un fideicomiso especial, conformado en su mayoría de la recaudación estatal, a un fondo para programas de desarrollo de capital humano. Si bien, dichas disposiciones apuntan al desarrollo de más y mejor capital humano en la región en el mediano y largo plazo, hay que analizar con cautela el estado actual del mismo que, en teoría, sostendrá la actividad productiva de la inversión esperada en los primeros años de las ZEE”.

En este renglón, añade, para los estados de las ZEE, en promedio, únicamente el 19.7  por ciento de su población tiene la secundaria completa y solo el 11 por ciento cuenta con un título profesional. Esto contrasta, por ejemplo, con el caso de Nuevo León que tiene el 29 y 20 por ciento, respectivamente. Es decir, la falta de mano de obra mediana y altamente calificada será un desafío que deberá superarse para garantizar que las empresas puedan encontrar y atraer el capital humano necesario para su actividad.

Al considerar que en términos de productividad laboral el promedio nacional “no es muy positivo a la luz de los estándares internacionales”, refuerzan su planteamiento con “el hecho de que tres de las seis entidades federativas de las ZEE (Michoacán, Oaxaca y Guerrero), estén en los últimos lugares a nivel nacional”, lo cual califican como es preocupante. La disparidad entre las entidades

La importancia de la disparidad que existe entre las entidades de las zonas, también es puntualizada, porque “siempre podría existir el riesgo de promover la migración interestatal y que no se detone el desarrollo del capital humano local”.

Mencionan un ejemplo: de acuerdo con los Censos Económicos 2014, “un veracruzano produce cinco veces lo que un guerrerense y cuatro veces lo que un michoacano. Por su parte, un trabajador de Chiapas puede producir poco más de dos veces lo que un trabajador oaxaqueño”.

No es todo, porque aluden a datos del INEGI muy indicativos, ya que para el primer trimestre de 2015, las regiones cuentan con una tasa de informalidad superior al promedio nacional. “En Chiapas la informalidad laboral es del 79.2 por ciento, en Michoacán del 71.1 por ciento, en Oaxaca del 80.4 por ciento, en Guerrero del 78.7 por ciento, en Tabasco del 61.4 por ciento y en Veracruz del 68.8”.

Tales cifras “demuestran cómo la mayoría de la mano de obra no considera el trabajo formal como una opción viable para obtener un ingreso -tal vez por la escasez de ofertas atractivas en el sector formal o porque los beneficios del mercado informal son mayores-. En virtud de ello, las nuevas inversiones deberán de ser capaces de incorporar mano de obra del mercado informal a esquemas laborales estructurados y atados a una lógica de incorporación a la población formal”.

De acuerdo con la iniciativa, el objetivo de las Zonas Económicas Estratégicas es: el progreso de la región, el impulso al desarrollo socioeconómico y el mejoramiento de la calidad de vida; el aumento de la competitividad y la productividad a través de la integración inter industrial y comercial; el crecimiento de la inversión nacional y extranjera directa; el crecimiento de las fuentes de empleo con salarios bien remunerados; el desarrollo de nuevas industrias en el país mediante la asimilación de tecnologías de avanzada y el progreso de las regiones de menor desarrollo del país.

(Continuará)