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No han sido pocos los desatinos de la aún temprana administración del presidente López Obrador, siendo la presunta rifa del Avión Presidencial a cambio de 500 pesos uno de las más llamativos.
Como ya hemos dicho en este espacio, la instrumentación de dicha rifa presenta altas complejidades, las cuales no han sido argumentadas debidamente, sobre cómo las resolvería el gobierno de la República si es que decide llevar a cabo su empeño de forma seria.
No obstante los yerros cometidos, la línea de fondo del discurso presidencial sobre este tema es muy clara: el término de privilegios absurdos dentro de la clase dirigente del país.
Nadie con un nivel de comprensión adecuado de la realidad nacional e internacional puede defender la existencia del Dreamliner, su lujo descarado, su innecesaria fastuosidad y su onerosa existencia para el tesoro público.
Por eso, quienes critican el deseo presidencial de deshacerse de ese avión no comprenden que en todo el mundo, no sólo en México, se ha ido incubando la exigencia popular de mayor austeridad en sus gobernantes, la desaparición de la corrupción y, en general, mayor mesura en el ejercicio del poder.
En México, esas fuerzas se encauzaron por la vía democrática, que no la revuelta civil, y llevaron a AMLO a ser el presidente electo con mayor número de votos en la historia de México.
Como informó el reportero Enrique Hernández el pasado miércoles 5 de febrero en El Sol de México, AMLO gastó sólo 6 millones 408 mil pesos por sus giras a bordo de aviones comerciales durante su primer año de gobierno. En comparación, Enrique Peña Nieto gastó más de 45 millones.
Este ahorro de 39 millones puede no significar mucho para las arcas nacionales y habrá quienes refieran que no son suficientes para justificar que un presidente haga caso omiso a las reglas sobre seguridad nacional y protocolo, pero da cuenta de que López Obrador ha sabido leer bien lo que se le exigió el 2 de julio de 2018.
Es decir, tiene el compás dirigido hacia un buen norte aunque las maneras para conseguirlo no han sido del todo acertadas, como la austeridad draconiana o la toma de decisiones a mano alzada.
El problema es que el voto de confianza que el electorado le confirió tiene vigencia. Según la casa encuestadora Consulta Mitofsky, el promedio de aprobación en torno a la figura de AMLO se ubicó en 57.6% durante enero de 2020, en tanto que en febrero de 2019 ésta se encontraba en 67.1 por ciento.
Es normal en la vida del ejercicio del poder un progresivo desgaste de las administraciones ante la opinión pública, sin embargo si los datos aportados por Mitofsky –una casa encuestadora que se ha mantenido relativamente a salvo de los escándalos inherentes a su profesión– son ciertos, la popularidad del Presidente está decayendo.
México necesita de un mandatario que goce del respaldo de sus gobernados pues los problemas son varios y complejos y solucionarlos tomará tiempo. Es así que el presidente debe rectificar cuando piensa que durante las elecciones pasadas se le dio un cheque en blanco ante la opinión popular.
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