Al cumplirse ocho años de la masacre de Cadereyta, Nuevo León, cuando fueron encontradas 49 personas decapitadas y desmembradas, solo 17 víctimas han sido identificadas, de las cuales 10 de ellas eran migrantes hondureños que se dirigían a los Estados Unidos, por lo que sus familiares exigen conocer la verdad, que se castiguen a los responsables y que el Estado mexicano garantice la no repetición de este tipo de actos.
La Fundación para a Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) denunció que la fiscalía general de Nuevo León, informó a la FGR, quien buscaba atraer el caso, que el expediente y las actuaciones ministeriales, habían sido destruidas por la empresa de paquetería encargada del envío del paquete a las oficinas de la fiscalía, por lo que hay sospecha que la delincuencia organizada tuvo que ver con ello.
Hasta donde se sabe en la masacre también hubo víctimas de Nicaragua, Guatemala y México. Pese a la gravedad de los hechos y su carácter emblemático, la justicia “parece que no quiere llegar”, agregaron.
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La fundación agrega que tras la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en octubre de 2017, la entonces Procuraduría General de la República -hoy fiscalía-, a cargo de la investigación de los hechos, pidió a la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, la atracción del expediente 121/2010, iniciado el 13 de mayo 2012. “Después de varios recordatorios y peticiones directas y por oficios, la FGR nunca recibió el expediente sino una notificación de que éste había sido ‘destruido’ por la empresa de paquetería encargado del envío”, recordaron.
Por ellos es que en abril pasado, la Fundación para la Justicia presentó una queja ante la CNDH “para que se investiguen los hechos como una violación más a los derechos de las víctimas de acceso a la verdad y justicia. De igual forma se iniciarán otras acciones jurídicas para que se investigue la destrucción del expediente, pues la Fiscalía de Nuevo León fue la primera en intervenir en el lugar de los hechos, en recabar indicios, declaraciones y otras evidencias fundamentales para la investigación”, explicaron.
Asimismo, pidieron que la nueva administración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas implemente mecanismos que permitan romper con su exclusión, garantizarles el derecho de acceso, en igualdad de circunstancias, a los programas y medidas operados por dicha institución.
La FGR, indicaron, “deberá reorientar su modelo de investigación, tener visión estratégica y transnacional, contextualizar el caso correctamente y allegarse de los apoyos necesarios para darle su verdadero valor".
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