/ lunes 19 de marzo de 2018

CNDH exige a PGR investigación de masacre por Zetas en 2011

La masacre fue un ajuste de cuentas del líder zeta Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, sobre Héctor Moreno Villanueva y José Luis Garza Gaytán

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)pidió hoy a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar una masacre perpetrada por el grupo criminal de los Zetas en Allende, norteño estado de Coahuila, en marzo de 2011 que dejó 11 muertos y varios desaparecidos.

La PGR "deberá iniciar una investigación" y, en caso de detectar delitos, "ejercer la acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables", dijo la CNDH en una recomendación dirigida a la dependencia federal, al gobernador de Coahuila y al alcalde de Allende.

Al menos 11 personas fueron asesinadas y 17 desaparecidas, además de que 20 residencias y siete ranchos destruidos durante un ataque de los Zetas ocurrido los días 18, 19 y 20 de marzo de 2011 en Allende, a unos 57 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

Otras fuentes apuntan a que alrededor de 300 personas fueron desaparecidas en Allende por el ataque de los Zetas.

En su recomendación, la CNDH solicitó a la PGR que se investiguen los posibles vínculos entre funcionarios municipales, estatales y federales con el grupo criminal.


El organismo constató en el caso violaciones a la seguridad jurídica, a la libertad, a la inviolabilidad del domicilio, a la procuración de justicia y a la verdad por las imprecisiones en los informes elaborados por funcionarios de la Procuraduría.

La CNDH recomendó al gobernador de Coahuila colaborar con la PGR en las denuncias contra funcionarios estatales y tomar medidas para la reparación del daño a las víctimas por la desaparición forzada de sus familiares y contemplar una disculpa pública institucional.

De la misma manera le recomendó elaborar un censo en un plazo de seis meses para establecer el número total de víctimas de desplazamiento forzado interno y tomar medidas para que puedan retornar a sus casas.

Al fiscal de Coahuila, la CNDH le solicitó continuar con la indagatoria sobre desaparición forzada y aplicar las medidas correspondientes para determinar la identidad de las víctimas de las "219 muestras biológicas susceptibles de análisis" que fueron halladas en un rancho de Allende.

En noviembre de 2016 fue detenido el exalcalde de Allende, Sergio Alfonso Lozano Rodríguez, acusado de secuestro agravado por la masacre de marzo de 2011 perpetrada por los Zetas.

La masacre y desaparición de personas en Allende ocurrió como un ajuste de cuentas del líder zeta Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, sobre Héctor Moreno Villanueva y José Luis Garza Gaytán, quienes operaron el trasiego de cocaína de la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, a Eagle Pass, Texas (Estados Unidos).

En febrero de 2011, Moreno y Garza presuntamente traicionaron al capo informando a la agencia antidrogas estadounidense sobre sus actividades y huyeron con casi cinco millones de dólares y se entregaron a las autoridades de Estados Unidos, donde residen como testigos protegidos.

En represalia, el Z40 y su organización criminal secuestraron a habitantes de Allende que tuvieran los apellidos o algún lazo familiar con Moreno y Garza, y además se llevaron a sus empleados domésticos y trabajadores, a quienes desaparecieron.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)pidió hoy a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar una masacre perpetrada por el grupo criminal de los Zetas en Allende, norteño estado de Coahuila, en marzo de 2011 que dejó 11 muertos y varios desaparecidos.

La PGR "deberá iniciar una investigación" y, en caso de detectar delitos, "ejercer la acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables", dijo la CNDH en una recomendación dirigida a la dependencia federal, al gobernador de Coahuila y al alcalde de Allende.

Al menos 11 personas fueron asesinadas y 17 desaparecidas, además de que 20 residencias y siete ranchos destruidos durante un ataque de los Zetas ocurrido los días 18, 19 y 20 de marzo de 2011 en Allende, a unos 57 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

Otras fuentes apuntan a que alrededor de 300 personas fueron desaparecidas en Allende por el ataque de los Zetas.

En su recomendación, la CNDH solicitó a la PGR que se investiguen los posibles vínculos entre funcionarios municipales, estatales y federales con el grupo criminal.


El organismo constató en el caso violaciones a la seguridad jurídica, a la libertad, a la inviolabilidad del domicilio, a la procuración de justicia y a la verdad por las imprecisiones en los informes elaborados por funcionarios de la Procuraduría.

La CNDH recomendó al gobernador de Coahuila colaborar con la PGR en las denuncias contra funcionarios estatales y tomar medidas para la reparación del daño a las víctimas por la desaparición forzada de sus familiares y contemplar una disculpa pública institucional.

De la misma manera le recomendó elaborar un censo en un plazo de seis meses para establecer el número total de víctimas de desplazamiento forzado interno y tomar medidas para que puedan retornar a sus casas.

Al fiscal de Coahuila, la CNDH le solicitó continuar con la indagatoria sobre desaparición forzada y aplicar las medidas correspondientes para determinar la identidad de las víctimas de las "219 muestras biológicas susceptibles de análisis" que fueron halladas en un rancho de Allende.

En noviembre de 2016 fue detenido el exalcalde de Allende, Sergio Alfonso Lozano Rodríguez, acusado de secuestro agravado por la masacre de marzo de 2011 perpetrada por los Zetas.

La masacre y desaparición de personas en Allende ocurrió como un ajuste de cuentas del líder zeta Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, sobre Héctor Moreno Villanueva y José Luis Garza Gaytán, quienes operaron el trasiego de cocaína de la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, a Eagle Pass, Texas (Estados Unidos).

En febrero de 2011, Moreno y Garza presuntamente traicionaron al capo informando a la agencia antidrogas estadounidense sobre sus actividades y huyeron con casi cinco millones de dólares y se entregaron a las autoridades de Estados Unidos, donde residen como testigos protegidos.

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