/ martes 19 de marzo de 2024

En espera discusión sobre prisión preventiva oficiosa en la SCJN

La propuesta lleva enlistada desde el 23 de enero de este año y se prevé que se discuta hasta septiembre

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continúa sin llevar a cabo la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa en nuestro país. La propuesta lleva enlistada desde el 23 de enero de este año y se prevé que se discuta hasta septiembre.

La acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), busca que se invaliden diversas disposiciones respecto a la actual legislación en torno a la prisión preventiva oficiosa.

Dicha discusión parte de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sancionó a México debido a los casos de dos personas que llevan 17 años en prisión preventiva, en el caso denominado “García Rodríguez y otro vs. México”.


De acuerdo con los expedientes, la acción de inconstitucionalidad busca anular el decreto por el cual se reformó el Código Nacional de Procedimientos Penales y otras ocho leyes federales en materia de prisión preventiva oficiosa, el pasado 19 de febrero de 2021.

La CNDH, a través de su titular Rosario Piedra Ibarra, expuso en el acta que la prisión preventiva oficiosa viola derechos fundamentales como el derecho a la libertad personal; el debido proceso; las garantías judiciales; la presunción de inocencia; y la obligación de promover, respetar y proteger los derechos humanos.

¿Qué pasará con la discusión de la prisión preventiva en septiembre?

Se prevé que la discusión de septiembre anule la prisión preventiva oficiosa en delitos como el robo a establecimientos destinados a actividades comerciales; el robo de equipaje o valores derivado del robo de transporte de carga, pasajeros, turismo o transporte privado; o la utilización de programas sociales con fines electorales.

Si bien políticos como el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, han cuestionado que la SCJN anule este decreto, y aseguró que se pone en riesgo la procuración y administración de justicia dado que quedarían libres presos por delitos de alto impacto.

Hasta el momento, ministras y ministros de la Corte plantean mantener la prisión preventiva en delitos como el homicidio, desaparición forzada, feminicidio, violencia sexual y otros de alto calibre.

En septiembre tocará el turno de ser ponente de este asunto a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, bajo el asunto 49/2021.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continúa sin llevar a cabo la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa en nuestro país. La propuesta lleva enlistada desde el 23 de enero de este año y se prevé que se discuta hasta septiembre.

La acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), busca que se invaliden diversas disposiciones respecto a la actual legislación en torno a la prisión preventiva oficiosa.

Dicha discusión parte de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sancionó a México debido a los casos de dos personas que llevan 17 años en prisión preventiva, en el caso denominado “García Rodríguez y otro vs. México”.


De acuerdo con los expedientes, la acción de inconstitucionalidad busca anular el decreto por el cual se reformó el Código Nacional de Procedimientos Penales y otras ocho leyes federales en materia de prisión preventiva oficiosa, el pasado 19 de febrero de 2021.

La CNDH, a través de su titular Rosario Piedra Ibarra, expuso en el acta que la prisión preventiva oficiosa viola derechos fundamentales como el derecho a la libertad personal; el debido proceso; las garantías judiciales; la presunción de inocencia; y la obligación de promover, respetar y proteger los derechos humanos.

¿Qué pasará con la discusión de la prisión preventiva en septiembre?

Se prevé que la discusión de septiembre anule la prisión preventiva oficiosa en delitos como el robo a establecimientos destinados a actividades comerciales; el robo de equipaje o valores derivado del robo de transporte de carga, pasajeros, turismo o transporte privado; o la utilización de programas sociales con fines electorales.

Si bien políticos como el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, han cuestionado que la SCJN anule este decreto, y aseguró que se pone en riesgo la procuración y administración de justicia dado que quedarían libres presos por delitos de alto impacto.

Hasta el momento, ministras y ministros de la Corte plantean mantener la prisión preventiva en delitos como el homicidio, desaparición forzada, feminicidio, violencia sexual y otros de alto calibre.

En septiembre tocará el turno de ser ponente de este asunto a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, bajo el asunto 49/2021.

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