Es deficiente la defensa pública: Reinserta

Ante la falta de preparación de los defensores públicos que otorga el Estado a sus sentenciados, Reinserta denunció en su “Diagnóstico Sobre la Percepción del Desempeño de la Defensoría Penal en México” que las personas privadas de la libertad gastan entre 100 mil y 155 mil pesos por un abogado privado.

Ello, al dar a conocer que 40 por ciento de la población encuestada para este fin, calificó con cero el desempeño de sus abogados, al tiempo que en el mismo porcentaje se manifestó que estas personas no conocieron a sus defensores, lo cual “habla de la deficiencia en el establecimiento de un vínculo y comunicación opimos”.

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La organización que dirige Saskia Niño de Rivera también enfatizó que más de 60 por ciento mencionó que no contaron con un defensor que previniera o evitara actos de tortura desde la detención y durante su paso por las fiscalías, mientras que 75 por ciento de mujeres encuestadas refirió no contar con apoyo para canalizar a sus menores a su cargo por parte de la defensoría.

En tanto, 52 por ciento de los hombres consideraron que sus abogados defensores no asistían debidamente preparados a las audiencias, mientras que más de la mitad de las mujeres encuestadas señalan que su abogado defensor no reunió ni presentó las pruebas necesarias para defenderlas.

En este sentido se enfatizó la función del abogado defensor como factor de cambio al sistema judicial mexicano, pues destacó que una de cada cuatro personas obtiene modificación de su condena por actos de la defensa.

Igualmente, destaca que éstos tienen la importante labor de verificar que los procesos penales se lleven con apego a la justicia. Sin embargo, también resalta que los hallazgos evidencian áreas de oportunidad de importante consideración para mejorar los servicios de defensoría penal.

Ello, al subrayar que el promedio de tiempo de condena para las mujeres es más elevado que el de los hombres, aun cuando los delitos de mayor incidencia son los mismos (robo y homicidio).

Por su parte, recomendó establecer mecanismos de monitoreo y avaluación para optimizar la función de los defensores, humanizar la función de los defensores, sensibilizándoles sobre la importancia del desarrollo de empatía, establecimiento de comunicación clara y efectiva y la trascendencia de su función para con la persona que defiende, así como la creación de un sistema nacional de indicadores de eficiencia del desempeño de los defensores públicos, en el que se registre el número de defensores, la carga de trabajo, la tasa de éxito y el nivel de acompañamiento, entre otros.

También propuso generar herramientas y mecanismos que faciliten el acceso y contacto de las personas privadas de la libertad con un defensor, garantizar la prestación de servicios de defensoría pública en todas las fiscalías del país, implementación de manuales y protocolos encaminados a mejorar la calidad de los servicios de defensoría, pública y particular, sobre las bases de la ética, la excelencia técnica, la empatía y el constante monitoreo y evaluación, como establecer mecanismos y procedimientos de acreditación más rigurosos para ejercer la abogacía.