El miércoles, un juez federal aceptó atraer el caso del exfiscal anticorrupción de Chihuahua, Francisco N, acusado de tortura durante las investigaciones de la Operación Justicia para Chihuahua que busca condenar al exgobernador César Duarte. Sin embargo, la Fiscalía General de Chihuahua negó que haya sido notificada sobre la atracción federal del caso.
En noviembre de 2022, la Fiscalía General de Chihuahua (FGE) capturó al exfiscal Francisco N por presuntamente haber torturado a exfuncionarios de la administración de Duarte Jáquez para que declararan contra el exgobernador.
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De acuerdo con FGE, Francisco N presionó a los detenidos para “fabricar” declaraciones entre 2017 y 2018, durante el gobierno de Javier Corral —principal impulsor de la Operación Justicia para Chihuahua— por lo cual fue vinculado a proceso el 24 de noviembre y se mantiene en prisión preventiva.
El defensor del exfiscal, Iker Ibarreche Pereda, confirmó que un juez federal de distrito aceptó atraer el caso para que la investigación pase a la competencia de la Fiscalía General de la República (FGR) y deje de ser una investigación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
De acuerdo con el abogado, hay un plazo de tres días —que se vence el lunes— para que el Tribunal Superior del Estado emita una postura sobre este cambio de competencia y si se rechaza entregar el caso al ámbito federal, un tribunal colegiado tendría que intervenir para definir quien investigará al exfiscal anticorrupción.
Este jueves, la Fiscalía de Chihuahua respondió que no ha sido convocada ni notificada sobre la atracción del caso por parte de la Federación, por lo que continuará con las investigaciones.
El abogado Guillermo Saucedo, defensor de una de las presuntas víctimas de tortura que permanece bajo identidad reservada, calificó la atracción de la FGR como un intento de proteger y beneficiar al exfiscal Francisco N.
Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, aseguró que el Gobierno del Estado no tiene relación alguna con el caso del exfiscal y reiteró que el proceso judicial que enfrenta emana de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Es que no hay una postura del estado, si él está preso es porque se atendieron las recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque existía un dictamen del Protocolo de Estambul”, subrayó.
Campos Galván resaltó que en ese proceso no tiene nada que ver el Gobierno del Estado ni la gobernadora, sino que es un asunto jurídico ajeno al Ejecutivo.
Tras su detención, Francisco N fue recluido en el Centro de Reinserción Social de Aquiles Serdán, Chihuahua, y fue puesto a disposición del juez de control, que lo vinculó a proceso y se le fijó la medida cautelar de prisión preventiva.
Días después, el exfiscal informó que el 25 de noviembre pasado había enviado una carta al fiscal general de la República, Gertz Manero, para solicitarle que atrajera su caso ante la presunción de que en Chihuahua no recibiría un juicio justo.
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Sin embargo, fue hasta que el primer mandatario Andrés Manuel López Obrador emitió opiniones sobre el arresto del exfiscal y criticó a las autoridades del estado, el 13 de diciembre pasado, cuando la FGR comenzó el trámite de atracción del expediente.
Al respecto, el fiscal general de Chihuahua, Roberto Fierro, estableció que no era de competencia federal y no le entregarían la carpeta de investigación. No obstante, un juzgado federal dio entrada a la petición de la FGR y se está a la espera de la respuesta del juzgado local para entregar el caso o interponer un recurso de inconformidad.
En tanto, el abogado defensor del exfiscal, Iker Ibarreche, ha tramitado dos amparos contra la vinculación a proceso y contra la medida cautelar, los cuales aún no se resuelven.
