La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, como parte de la investigación que se le sigue por presuntos sobornos que recibió de la empresa Odebrech.
Esta es la segunda orden de aprehensión que le giran a Lozoya luego de que el pasado 28 de mayo se le giró orden de aprehensión y una ficha roja para ser buscado por las autoridades internacionales por la adquisición de la planta chatarra Agronitrogenados.
Este martes, el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ante quien la defensa de Emilio Lozoya interpuso un amparo, otorgó un plazo de 48 horas al juez de control del Reclusorio Norte para que explique la orden de aprehensión que libro en contra del ex funcionario el pasado 4 de julio.
La orden de aprehensión es en base a los señalamientos de la Fiscalía General de la República por la compra de una casa en Ixtapa realizada por la esposa del exfuncionario, derivó de un soborno que, según las investigaciones, pagó el dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA), Alonso Ancira a Lozoya.
El pasado 5 de julio, la Fiscalía General de la República informó que obtuvo de un Juez de Control la segunda orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya Austin, ahora por el caso Odebrecht.
Señalo que la orden de aprehensión también es para su mamá Gilda, su hermana Gilda Lozoya, su esposa, Marielle “E”, y Nelly Maritza Aguilera, propietaria de la Casa de Ixtapa que Altos Hornos habría regalado a Lozoya.
La Primer orden de aprehensión contra el ex director de Petróleos Mexicanos, fue por lavado de dinero en la compra de la planta de agronitrogenados, por lo que la fiscalía emitió una Ficha Roja de Interpol, con relación a los delitos probablemente cometidos y que involucra a Petróleos Mexicanos.
La FGR, resaltó que, en este asunto, que se inició en enero de 2017 y que durante años no obtuvo judicialización, hoy cuenta con las órdenes de aprehensión que sujetan a una probable responsabilidad a los involucrados.
Refiere que el Ministerio Público Federal presentó ante el Juez de Control todos los elementos de probanza necesaria para obtener el resultado legal favorable a los intereses de la federación en un caso que por mucho tiempo estuvo congelado en forma tan criticable.
Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, fue quien giró la orden, el pasado 4 de julio, según información del expediente 575/2019.
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