México Evalúa considera que la propuesta del Senador Ricardo Monreal de rotar a los jueces cada tres años, aumentaran los favores al interior del Consejo de la Judicatura Federal ya que es una propuesta sin diagnósticos claros y desencadenamiento entre medios y fines.
Laurence Pantini, coordinadora de Transparencia en la justicia y proyectos especiales de México Evalúa, sostiene que actualmente hay 10 iniciativas de reformas al poder judicial de la federación, pero en su mayoría fueron hechas sin diagnósticos claros, por lo que hizo un llamado a los legisladores a reflexionar sobre la profundidad de dichas iniciativas y sobre todo tomar en cuenta la opinión de la sociedad.
La especialista, señala que en tres meses, se han presentado 10 iniciativas de reformas a los Poderes Judiciales: 8 plantean reformas al Poder Judicial Federal, Morena (5), PRD (2) y PT (1) y dos más plantean reformas a los Poderes Judiciales estatales Morena (1), PES (1)
Las reformas dijo, van encaminadas a fortalecer la impartición de justicia, homologar y aumentar la independencia en los poderes judiciales, carrera judicial, concurso de oposición, ternas en el congreso, remoción de jueces y rotación de jueces.
En la propuesta de que ningún magistrados de circuito y jueces de distrito, permanezcan menos de tres años ni más de seis en el mismo lugar de adscripción, Pantini señala que esta medida puede generar presiones e intercambios de favores al interior del mismo poder judicial. “Así como falta de mecanismos y controles para evitar que estos procesos se vuelvan arbitrarios, además de que desincentiva aún más el ingreso y ascenso de las mujeres en el poder Judicial de la Federación, especialmente de aquellas que están casadas y tienen hijos”.
Otro de los problemas que identificó, fue la falta de independencia de los Poderes Judiciales estatales por la intervención de los Poderes Ejecutivos y Legislativos locales en la designación de los magistrados, ya que en 24 estados, interviene el poder ejecutivo y legislativo local.
En este punto, Pantini, propone reformar los procesos de designación de los magistrados y presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, para unificarlos y desvincularlos de los Poderes Ejecutivos y Legislativos locales
Así como incentivar a los estados a contar con una instancia encargada del gobierno judicial, pero después de una evaluación del funcionamiento de los Consejos de la Judicatura.
Concluye diciendo que las iniciativas planteadas por Ricardo Monreal y otros legisladores, no están basadas en diagnósticos claros de los problemas que buscan atender, al haber una desconexión y desproporcionalidad entre medios (reformas) y fines (combatir corrupción, fortalecer independencia ).
Y el poco o nulo diálogo con actores potencialmente afectados (funcionarios jurisdiccionales y administrativos de los poderes judiciales, usuarios del sistema de justicia), con academia y con sociedad civil, lo que conlleva una disminución de independencia, en particular interna, y políticas públicas poco viables ante las resistencias del PJF.
