En un acto inédito, el titular de la Procuraduría General dela República, Raúl Cervantes, ofreció una disculpa a lasindígenas Jacinta, Alberta y Teresa, acusadas falsamente por laPGR de haber secuestrado a elementos de la desaparecida AgenciaFederal de Investigación (AFI) en Querétaro hace 11 años.
Jacinta Francisco, Teresa González y Alberta Alcántaraestuvieron en prisión aun cuando su juicio estuvo lleno deirregularidades, entre ellas que no tuvieron un intérpretehñähñú que las asistiera.
Después de 11 años de que Jacinta, Alberta y Teresa fuerancondenadas injustamente en prisión por un delito que nocometieron, el procurador ofrece esta disculpa para reparar eldaño, tras el dictamen del Tercer Tribunal Colegiado en MateriaAdministrativa del Primer Circuito.
El funcionario federal dijo que si bien es cierto que este actose apega estrictamente a lo determinado por el Tribunal Federal deJusticia Fiscal y Administrativa, también lo es que la razón quelo motiva es el firme compromiso de acatar de forma cabal elArtículo primero, párrafo tres de la Constitución.
Recordó que dicho precepto obliga a todas las autoridades delEstado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechoshumanos, de conformidad con los principios de universalidad,interdependencia y progresividad; y en consecuencia prevenir,investigar, sancionar, y ante todo reparar las violaciones a lasgarantías fundamentales.
En una ceremonia que tuvo traducción al hñáhñú, elfuncionario dijo que la PGR se compromete a garantizar que hechoscomo los que se imputaron a las tres mujeres no vuelvan arepetirse, con medidas como el diseño de una nueva arquitecturainstitucional al interior de la PGR, que aseguren una justiciaincluyente y efectiva.
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR)aseguró que la aspiración primordial de la dependencia esproteger y garantizar la dignidad humana, como son las mujeresindígenas; “se busca justicia y verdad”, puntualizó.
Comentó que a pesar de que no se pudo comprobar laparticipación de Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y TeresaGonzález en los delitos que se les imputaron, se determinó suculpabilidad y fueron privadas de sus libertad “durante un tiempoque ningún acto público podrá regresarles; y posteriormente lesfue negada por parte de la PGR una indemnización por el dañocausado”.
Cervantes Andrade reconoció también la labor que cada díarealizan las personas defensoras de los derechos humanos, lasorganizaciones de la sociedad civil, e instituciones públicasnacionales e internacionales para proteger los bienes esencialesque garanticen una vida digna, libre de violencia ydiscriminación.
Las tres mujeres permanecieron más de tres años privadasilegalmente de su libertad, de agosto de 2006 a septiembre de 2009,acusadas por el presunto secuestro de seis miembros de la AFI querealizaban un operativo para decomisar mercancía en el tianguis deAmealco, Querétaro.
Amnistía Internacional nombró presa de conciencia a JacintaFrancisco Marcial el 18 de agosto de 2009, pues había sidocondenada injustamente a 21 años de prisión.
A las tres indígenas se les negó un juicio justo y fueronencarceladas por su situación social marginal de mujer indígena,pobre y con limitado acceso a la justicia.
La justicia administrativa le ordenó a la PGR la realizaciónde una disculpa pública por haberla detenido, procesado ycondenado ilegalmente por el delito de secuestro que no cometió,ya que una indemnización no resarcía por sí sola el dañoocasionado, lo que ocurre esta tarde en el Museo Nacional deAntropología e Historia.
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