El presidente Andrés Manuel López Obrador envió este martes a la Cámara de Diputados una iniciativa para eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), organismo que encabeza los esfuerzos para prevenir y sancionar los actos de corrupción en México.
De acuerdo con el propio SNA, su Secretaría Ejecutiva “establece, promueve y evalúa la política nacional de combate a la corrupción, y diseña los mecanismos de coordinación con las autoridades federales y estatales involucradas en prevención, disuasión y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción”, por lo que su eliminación representa un intento de desmantelamiento de la política anticorrupción, advirtió la diputada panista Maria Elena Pérez- Jaén en entrevista con El Sol de México.
La reforma propone que la Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada por Roberto Salcedo Aquino, absorba las funciones de la Secretaría Ejecutiva, es decir, que una Secretaría del gobierno federal dirija el combate a la corrupción en México y no un perfil autónomo designado por integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA.
“Es una locura, porque la Secretaría de la Función Pública es un satélite del presidente que no ha servido para nada”, acusó la diputada Pérez-Jaén.
La legisladora sostuvo que al presidente López Obrador le molestan los órganos constitucionales autónomos que tienen como objetivo fiscalizar su administración y exigir rendición de cuentas, por lo que opta por “desmantelarlos, destruirlos y dejarlos sin recursos”.
No es la primera vez que el presidente López Obrador plantea eliminar la Secretaría Ejecutiva del SNA, pues en enero de 2022 circuló una propuesta en los mismos términos que no fue presentada formalmente pero que provocó preocupación en el CPC.
Buscan adelgazar estructura de administración pública
La iniciativa del Ejecutivo también busca transformar siete organismos desconcentrados y ocho descentralizados en unidades administrativas con el fin de “eficientar los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente”, pues el presidente López Obrador advierte que las funciones de las áreas a transformar se encuentran “duplicadas o segmentadas de manera innecesaria”.
Los organismos desconcentrados o descentralizados que se convierten en unidades administrativas son la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas; Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera; Instituto Mexicano de Tecnología del Agua e Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Así también se transforman en unidades administrativas la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Instituto Mexicano de la Juventud, Instituto Nacional de la Economía Social, Instituto Nacional de las Personas Mayores y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.
Por otro lado se cambia de adscripción a la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, pasa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas pasa de ser un organismo descentralizado no sectorizado a una unidad administrativa del INPI; y la Dirección General de Publicaciones pasa de unidad administrativa de la Secretaría de Cultura a una unidad administrativa del Fondo de Cultura Económica.
El Instituto Nacional de Pesca deja de ser un organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y se integra a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, órgano desconcentrado de la Sader, y se elimina la participación del Fideicomiso de Fomento Minero en el Servicio Geológico Mexicano.
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