El Poder Judicial de la Federación debe revisen todos los casos, tanto de hombres como de mujeres, que llevan más de dos años en prisión preventiva y no se les ha emitido una sentencia, por lo que de acuerdo a la Constitución, podrían ser liberados, así lo afirmó el senador de la República por el partido Morena, Ricardo Monreal.
La Constitución Política establece que se deben liberar a todas las personas que llevan dos años privados de la libertad bajo la figura de la prisión preventiva y que no han sido sentenciados, explicó el funcionario.
El coordinador de los senadores morenistas, refirió que el anuncio del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para revisar sólo aquellos casos de mujeres que lleven más de dos años en prisión preventiva, es correcto, pero debe contemplarse a todas las personas que se encuentren bajo la misma condición, incluso -dijo Monreal sin dar nombres-, “para aquellas mujeres que sean exfuncionarias públicas”.
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Cabe mencionar que la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, está recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, desde hace más de dos años, y a donde recientemente acudió el presidente de la SCJN, el ministro Arturo Zaldivar, quien prometió a las reclusas revisar esta figura de la prisión preventiva.
“Me parece correcto que el presidente de la Suprema Corte haya expresado su voluntad para aplicar esta disposición constitucional para las mujeres, yo le diría que está bien, lo respaldamos, pero debe ser para todas las personas”.
Ante la prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) manifestó que la Carta Magna es muy clara, “dice que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley, al delito que motivara el proceso, y en ningún caso será superior a los dos años”.
No se trata de un tema de generosidad, reiteró el legislador, sino una obligación constitucional de jueces, magistrados y ministros, y eso es lo que deben hacer respetar y en ese sentido va el exhorto que enviamos al Poder Judicial Federal.
Advirtió que jueces, magistrados y ministros, han incurrido en una omisión con todas aquellas personas que siguen en prisión a pesar de haber cumplido este término sin una sentencia, no sólo con las mujeres, sino con todos los que se encuentran en dicha situación.
Destacó que no se puede prolongar el ejercicio judicial si se ha cumplido este término, entonces el imputado debe ser puesto en libertad; a pesar de que lo quiera o no realizar un funcionario, es una obligación constitucional.
Por otro lado, Monreal convocará a gobernadores de diversas entidades, así como a funcionarios que no han aceptado las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Dijo que hay varios estados, municipios y funcionarios, como a la Universidad Pedagógica Nacional, el Ayuntamiento de Altamirano, Minatitlán, Juchitán, Tabasco o el municipio de Comalcalco, quienes no han atendido las recomendaciones de la CNDH, y como consecuencia el Senado de la República tiene la obligación de citarlos a comparecer para saber las razones por las que no las aceptaron.
Refirió que se trata de un tema que se encuentra en los pendientes legislativos y de una obligación constitucional, “y no es una propuesta de un senador o senadora, sino que la CNDH nos dice que se debe citar a estos funcionarios y queremos hacerlo el próximo Periodo de Sesiones”.
Ante los reporteros, Ricardo Monreal dio a conocer que entre los temas urgentes de la agenda legislativa está la minuta en materia de remuneraciones de los servidores públicos, leyes de nueva creación como la que regula el cannabis, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sobre alimentación adecuada y respeto a las aguas nacionales.
Otros asuntos que abordarán en el siguiente periodo ordinario de sesiones están diversas reformas a ordenamientos vigentes, como la que prohíbe las terapias para corregir la orientación sexual de las personas y la regulación de nuevos productos de tabaco y nicotina.
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Además, cambios sobre el control migratorio, el Sistema Nacional de Cuidados y la homologación del registro inmobiliario y de personas morales en catastros, la legislación sobre el desplazamiento forzado interno, las sanciones por difusión de información de víctimas del delito, la sanción de la tentativa de feminicidio y la seguridad social para trabajadores eventuales del campo.
