El gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, asegura que él no es “dedito chiquito” de nadie, ni siquiera de su amigo Andrés Manuel López Obrador, con quien no ha hablado sobre el escándalo desatado por la reforma constitucional que amplía su mandato de dos a cinco años y se convirtió varios días en la pregunta recurrente de las mañaneras.
“López Obrador no se mete. Yo le dije que si yo participaba yo quería independencia y que no sería el dedito chiquito de nadie. Él me conoce y muchas veces no le gusta lo que yo le respondo”, comenta.
Considera que el presidente López Obrador lo respeta y sería incapaz de tirarle línea. Acota que el único que le podía dar órdenes se murió hace muchos años, y era su papá. “No soy un chamaco, no me hice con el Presidente; soy un empresario de hace muchos años y siempre he sido independiente”, lanza.
Él no ve una crisis política en su entidad. Considera que esa percepción se debe a la campaña que inició en su contra el presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, a quien calificó como un “golpeador sistemático” hacia Morena y López Obrador.
La Coparmex anunció que promoverá un amparo contra la llamada ley Bonilla, pero para iniciar esta ruta legal es necesario concretar su publicación y entrada en vigor.
Y en un intento por deslegitimar la voz de De Hoyos soltó: “es un abogado, ni empresario es”.
En un diálogo con la Organización Editorial Mexicana (OEM), Bonilla Valdez reconoció que inició pláticas con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tendrá que resolver las acciones de inconstitucionalidad impulsadas por la oposición. Los juzgados federales resolverán en primera instancia, además, los amparos de la Coparmex.
“Nunca se ha violado la Constitución, yo he platicado con los ministros y algunos de ellos me han dicho que no ven qué se ha violado de la Constitución”, revela.
El gobernador electo visitó la ciudad de México para contar su narrativa sobre el Bonillazo. Lo apoya en un inicio quien será el fiscal en su gobierno, Guillermo Titi Ruiz, quien expone pausadamente la ruta de la discusión de esta reforma constitucional.
Detalla que de diciembre de 2018 a mayo de 2019, el Tribunal local aprobó cinco resoluciones. En principio, determinó una minigubernatura de dos años, la segunda fue de cinco, pero la tercera estableció dos. Luego vino una cuarta que determinó seis años y unos días antes de la elección se redujo el mandato nuevamente a dos años.
Pero Jaime Bonilla se desespera y le suelta en la mesa: “espérame compadre, déjame explicar esto”: y entonces explica que “hay mucha confusión, mucha desinformación, sobran las fake news”.
La ley Bonilla le incomoda. Interrumpe y argumenta una y otra vez que hay demasiada desinformación porque la guerra de sus adversarios no es por un asunto jurídico, sino por intereses.
-¿Si la Corte define que es inconstitucional la ley Bonilla lo aceptará?
-Somos respetuosos de las instituciones, ni modo que nos levantemos en armas. Nosotros creemos que tenemos la razón, si la Corte determina que lo contrario, lo tendré que aceptar. No me voy a poner en huelga de hambre.
Se mofa de los señalamientos que le hacen sobre la entrega de sobornos millonarios a diputados de oposición para obtener su aval y sacar adelante la reforma constitucional que lo beneficia.
En ese momento entra en acción el futuro secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, para resaltar que el exdiputado Edgar Benjamín Gómez Macías, quien denunció que supuestamente Bonilla había dado un millón de dólares a cada uno de los 25 diputados locales que votaron por extender su mandato, se retractó en una carta fechada el 2 de agosto.
Rodríguez Lozano, encargado de los trabajos de la transición, expone que reciben un estado con varios problemas. Y pone un par de banderillas al PAN: detectó que a los trabajadores les quitan dos por ciento de su salario para transferirlo a la fundación Centro de Estudios, Análisis y Humanista, constituida por Luis Ovando Patrón, el líder estatal de este partido.
El gobernador electo retoma la palabra y presume su amistad con López Obrador. Explica que parte del enojo de sus adversarios se debe a que él es el artífice de la estructura electoral de Morena en el norte, Hidalgo y Zacatecas.
Además, detalla que convenció al Presidente de reducir el IVA en la zona fronteriza aun cuando esto representa un impacto fiscal de 50 mil millones de pesos.
Califica al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien acusó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de presionarlo para que sus diputados panistas votaran por el Bonillazo, como un hombre sin oficio político ni talento. “Le falta un tornillo y no sé cómo su partido no lo ha corrido por incompetente”, considera.
Agrega que cuando López Obrador le pidió ser un ejemplo y crecer seis por ciento, él le respondió que eso no se logra alejando las inversiones, de ahí la importancia de dar certidumbre con acciones como evitar las tomas de casetas. “Van a tener que contemplar que yo haré las cosas un poco diferente”, reta mientras suelta una carcajada.
Bonilla Valdez inició acercamientos con los grupos que han tomado las casetas de las carreteras federales, donde ingresan mensualmente 24 millones de pesos. Y le pidió ayuda al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, para iniciar un operativo.
Como resultado de esta acción recibió varias amenazas, pero “no me van a acalambrar”.
El gobernador electo habla sobre su gusto por las langostas de Rosarito. Refiere que ha probado las que venden en Bali, Indonesia, hasta por 250 dólares, pero que no le llegan al sabor de las del restaurante Sandras, su preferido en las playas de Baja.
También presume que el vino del Valle de Guadalupe es de calidad y, por ello, busca incentivar con un tren esta zona.
Entre sus planes está convertir a Tijuana en una sede para la promoción turística donde los estados puedan colocar sus stands y rebautizarla como Plaza Nacional, ya que tiene un cruce de 75 millones de automóviles diario.
Su proyecto, afirma, está diseñado para gobernar cinco y no dos años. Le preocupa que una minigubernatura trunque estos planes.
“Yo hice un programa de gobierno para cinco años, carreteras, edificios e infraestructura, hospitales. Si lo cambian, ese plan de gobierno ya no funciona. Y entonces sí hay una crisis, cuando hay proyectos sumamente necesarios y no se pueden lograr", concluye.
