El senador del PRI, Ángel García Yáñez, advirtió que, pese a que existe una legislación para proteger a periodistas, hasta ahora “prácticamente han sido nulos los resultados, pues las agresiones y asesinatos de periodistas no han cesado”, y en lo que va de esta administración van 33 informadores acribillados.
Dijo que, de acuerdo con la organización internacional Artículo 19, del año 2000 a la fecha se han documentado 153 asesinatos de periodistas en México, por ejercer su labor; 141 hombres y 12 mujeres. De esa cantidad, tan sólo en lo que va de la actual administración se han registrado 33 homicidios de informadores, manifestó el senador Ángel García Yáñez.
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Ante la problemática, propuso al Pleno del Senado de la República dejar en la Constitución Política que las autoridades federales persigan de oficio, que no requiera una denuncia para comenzar investigación, los delitos cometidos contra periodistas.
Indicó que, si bien las leyes mexicanas establecen medidas para garantizar la seguridad de los periodistas, en muchos casos éstos rechazan la ayuda, por falta de confianza en las autoridades y el temor fundado de que “supuestamente se les va a proteger”.
Recordó que, nuestro país cuenta con una Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; sin embargo, a pesar de que la norma cumplirá próximamente una década de vigencia, “prácticamente han sido nulos los resultados, pues las agresiones y asesinatos de periodistas no han cesado”.
“Por ello, debemos generar un verdadero mecanismo que dé certidumbre y confianza en que, de manera profesional, se les brindará la ayuda necesaria”, reiteró.
García Yáñez destacó que, la libertad de expresión y el derecho que tenemos todos los ciudadanos de estar informados está en riesgo, puesto que no se respeta el artículo 6 constitucional que prohíbe sancionar la libre manifestación de ideas, salvo cuando atenten contra la integridad de terceros.
Por otra parte, dijo que el pasado 8 de septiembre se conmemoró el Día Internacional del Periodista, que se estableció durante el Primer Congreso de Periodistas en 1938, “por ello la importancia de la iniciativa: debemos garantizar que el derecho a la información no se vea amenazado, que proteja a los hombres y mujeres que nos informan día tras día”.
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Su iniciativa fue turnada para análisis y dictaminación a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.
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