/ lunes 5 de febrero de 2024

Reducir ministros y elegirlos por voto popular, la reforma judicial de AMLO

El presidente López Obrador propuso en su reforma judicial que la SCJN resuelva en máximo 6 meses las controversias constitucionales

Reducir de 11 a nueve el número de ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y elegirlos por voto popular, así como eliminar el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), son parte de las modificaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea en su reforma judicial.

El documento que fue entregado este lunes a la Cámara de Diputados detalla que la elección de los ministros de la Suprema Corte, magistrados de circuito, magistrados electorales y jueces estaría a cargo del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), órgano que sustituiría al Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con la reforma político-electoral que también envió el presidente este día.

Así también establece que una vez que tomen protesta los nuevos integrantes de los órganos jurisdiccionales, los que se encuentren en funciones concluirán su encargo.

Los nuevos ministros de la Suprema Corte estarán en el cargo por 12 años y no por 15 como establece actualmente la Ley y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pasarían de estar nueve años en el cargo a sólo seis.

Otro punto focal de la reforma es la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el cual sería sustituido por dos órganos: el de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.

El presidente plantea además poner un plazo máximo de seis a la Suprema Corte para resolver asuntos, y en caso de exceder el lapso plantea que “el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora o, en su caso, dar vista al órgano interno de control tratándose de Tribunales Administrativos”.

El presidente expone en el texto de su iniciativa que no busca debilitar al Poder Judicial ni mermar su autonomía e independencia, sino fortalecerlo a través de la “legitimidad emanada del poder popular”.

Reducir de 11 a nueve el número de ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y elegirlos por voto popular, así como eliminar el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), son parte de las modificaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea en su reforma judicial.

El documento que fue entregado este lunes a la Cámara de Diputados detalla que la elección de los ministros de la Suprema Corte, magistrados de circuito, magistrados electorales y jueces estaría a cargo del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), órgano que sustituiría al Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con la reforma político-electoral que también envió el presidente este día.

Así también establece que una vez que tomen protesta los nuevos integrantes de los órganos jurisdiccionales, los que se encuentren en funciones concluirán su encargo.

Los nuevos ministros de la Suprema Corte estarán en el cargo por 12 años y no por 15 como establece actualmente la Ley y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pasarían de estar nueve años en el cargo a sólo seis.

Otro punto focal de la reforma es la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el cual sería sustituido por dos órganos: el de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.

El presidente plantea además poner un plazo máximo de seis a la Suprema Corte para resolver asuntos, y en caso de exceder el lapso plantea que “el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora o, en su caso, dar vista al órgano interno de control tratándose de Tribunales Administrativos”.

El presidente expone en el texto de su iniciativa que no busca debilitar al Poder Judicial ni mermar su autonomía e independencia, sino fortalecerlo a través de la “legitimidad emanada del poder popular”.

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