/ domingo 8 de diciembre de 2019

Sobre outsourcing, Luisa María Alcalde debe involucrarse: PRD

El diputado Antonio Ortega Martínez consideró como ausencia de la encargada de la cartera del Trabajo, “porque es un tema de debiera tener en su círculo de prioridades"

La figura de la subcontratación laboral o denominado también outsourcing, bajo la que laboran 8 millones de trabajadores, hace pública una nueva confrontación entre diputados federales y senadores y evidencia un conflicto político entre los coordinadores de ambas cámaras Mario Delgado y Ricardo Monreal, ambos de Morena.

“Esto pone de manifiesto la necesidad de que la titular del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde se involucre”, manifestó el diputado Antonio Ortega Martínez (PRD).

Consideró como ausencia de la encargada de la cartera del Trabajo, “porque es un tema de debiera tener en su círculo de prioridades e intervenir y convocar a los líderes de ambas cámaras, a los presidentes de las Comisiones del Trabajo y. en último caso, a diputados y senadores de Morena”.

Con esto, se evitaría un conflicto político que puede arrastrar a las dos cámaras indebidamente y hacer que estas iniciativas se queden en el cajón para que todo quede igual.

Afirmó que en México hay miles de empresas que prestan servicios bajo la figura del outsourcing. “Lo que se requiere no es eliminarlas sino regularlas, normarlas, obligarlas a cumplir con las garantías constitucionales establecidas para los trabajadores. Es decir, que los contratos de tercera relación no pueden eliminar derechos de la clase laboral”.

Lo conveniente, es la regulación. Una normatividad que contemple el respeto de todas las obligaciones. Desde luego, que estas empresas tienen que existir y preservarse. “Lo importante es dar garantías y seguridad laboral lo más pronto posible a los trabajadores contratados por esas empresas. Con la actual, se perjudican sus condiciones de trabajo y legales”.

Recordó que el dictamen aprobado en el Senado de la República y que se detuvo, propone equiparar a los outsourcing simulados bajo el perfil de “delincuencia organizada”. También plantea que dicha figura, en la que se estima laboran unos 8 millones de connacionales, no desaparecerá, pero las firmas deberán estar a la par con sus impuestos. Se estima que dejan de aportar unos 50 mil millones de pesos de cuotas al IMSS.

Y el dictamen propuesto por el PRD, PRI y Morena, en la Cámara de Diputados, regula la subcontratación para hacerla cumplir con la Ley Federal del Trabajo. Plantea sancionar hasta con 10 mil Unidades de Medida y Actualización ($84.49 diarios), a quienes incumplan. Esto representa unos 844 mil 900 pesos/día.

La propuesta en San Lázaro establece un salario mínimo profesional en régimen de subcontratación. Crea un Registro Nacional de Empresas de Subcontratación; relaciones de coordinación con la STPS y con el Servicio de Administración Tributaria, SAT y el IMSS.

Además, de que el contratista debe informar a sus empleados el cumplimiento de sus obligaciones legales y, en caso de no hacerlo, responda con una fianza o garantía.

Subrayó que hay un dictamen de la Comisión de Trabajo del Senado y una minuta en la Cámara de Diputados. Alertó que sí se llevan al pleno, habría dos conceptos que significarían un conflicto político no fácil de resolver.

Explicó que se rompe el principio de la norma que establece a una cámara ´de origen´ y la otra como ´revisora´. Si ambas se convierten en cámara de origen, “tendremos una dificultad legislativa que sólo se podría resolver con colaboración y diálogo y quizás, trabajar en conferencia”.

Señaló que, tanto en el Senado como en San Lázaro, se determinó suspender la discusión de sus propuestas. Se harán consultas en foros de Parlamento Abierto.

La figura de la subcontratación laboral o denominado también outsourcing, bajo la que laboran 8 millones de trabajadores, hace pública una nueva confrontación entre diputados federales y senadores y evidencia un conflicto político entre los coordinadores de ambas cámaras Mario Delgado y Ricardo Monreal, ambos de Morena.

“Esto pone de manifiesto la necesidad de que la titular del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde se involucre”, manifestó el diputado Antonio Ortega Martínez (PRD).

Consideró como ausencia de la encargada de la cartera del Trabajo, “porque es un tema de debiera tener en su círculo de prioridades e intervenir y convocar a los líderes de ambas cámaras, a los presidentes de las Comisiones del Trabajo y. en último caso, a diputados y senadores de Morena”.

Con esto, se evitaría un conflicto político que puede arrastrar a las dos cámaras indebidamente y hacer que estas iniciativas se queden en el cajón para que todo quede igual.

Afirmó que en México hay miles de empresas que prestan servicios bajo la figura del outsourcing. “Lo que se requiere no es eliminarlas sino regularlas, normarlas, obligarlas a cumplir con las garantías constitucionales establecidas para los trabajadores. Es decir, que los contratos de tercera relación no pueden eliminar derechos de la clase laboral”.

Lo conveniente, es la regulación. Una normatividad que contemple el respeto de todas las obligaciones. Desde luego, que estas empresas tienen que existir y preservarse. “Lo importante es dar garantías y seguridad laboral lo más pronto posible a los trabajadores contratados por esas empresas. Con la actual, se perjudican sus condiciones de trabajo y legales”.

Recordó que el dictamen aprobado en el Senado de la República y que se detuvo, propone equiparar a los outsourcing simulados bajo el perfil de “delincuencia organizada”. También plantea que dicha figura, en la que se estima laboran unos 8 millones de connacionales, no desaparecerá, pero las firmas deberán estar a la par con sus impuestos. Se estima que dejan de aportar unos 50 mil millones de pesos de cuotas al IMSS.

Y el dictamen propuesto por el PRD, PRI y Morena, en la Cámara de Diputados, regula la subcontratación para hacerla cumplir con la Ley Federal del Trabajo. Plantea sancionar hasta con 10 mil Unidades de Medida y Actualización ($84.49 diarios), a quienes incumplan. Esto representa unos 844 mil 900 pesos/día.

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Además, de que el contratista debe informar a sus empleados el cumplimiento de sus obligaciones legales y, en caso de no hacerlo, responda con una fianza o garantía.

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